Reducir sensiblemente las colas y los tiempos de espera y, consecuentemente, mejorar la atención a los ciudadanos y la eficiencia de los funcionarios es el objetivo principal de la implantación a partir del 1 de julio de la cita previa obligatoria para todos los trámites que realiza la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, según ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé.
“Es una medida absolutamente imprescindible para poder seguir desarrollando el trabajo con normalidad por parte de los profesionales de esta oficina, porque el año pasado, por ejemplo, hubo un total de 80.000 asistencias presenciales, de las cuales, 40.000 fueron sin cita previa, lo que da una idea de lo difícil que resulta organizar el trabajo cotidiano”, explicó el delegado en la presentación del balance de 2017 de una unidad que en ese periodo resolvió más de 23.600 expedientes. “Estas cifras dan una idea de la excelencia, la profesionalidad y rigor del trabajo de los cerca de 60 funcionarios que, a diario, atienden las necesidades de todas las personas extranjeras que acuden a estas oficinas para tramitar cualquier tipo de documento o permiso que necesitan en relación con su residencia en España”, añadió.
La jefa de la Oficina Única de Extranjeros, Nuria Nicolás, ha defendido la implantación de la cita previa como la única forma de que los tiempos de espera de los ciudadanos se reduzcan, en muchos casos, de las casi dos horas actuales a los veinte minutos en los que podrán resolverse las gestiones con la cita previa. “Lo veo muy necesario, y la atención será más eficaz y de mayor calidad”, indicó Nicolás
Expedientes de expulsión y devolución
Entre las cifras más significativas de la actividad de la Oficina de Extranjería en 2017, Bernabé ha destacado la tramitación de expedientes de asilo, que pasó de 280 a 684, lo que representa una subida en torno al 150% en relación a 2016, fundamentalmente de ciudadanos de Mali y de Ucrania. “Durante el último año también ha habido una entrada importante de ciudadanos colombianos, 36, y venezolanos, 89, debido la situación sociopolítica que se está viviendo allí”, apuntó el Delegado.
Además, los expedientes de expulsión han sufrido un incremento del 10%, y pasaron de 900 a casi 1000, aunque fueron los de devolución los que experimentaron un aumento más significativo, desde los 400 de 2016 a los 1.800 de 2017 y motivado, en su inmensa mayoría, por la crisis migratoria que experimentamos ese año en la Región.
