La titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia ha dividido en tres partes la causa por los vertidos agrícolas que han supuesto el deterioro del Mar Menor. En ella están imputados un total de 24 inculpados, entre personas físicas y jurídicas, entre ellas la consejería de Agricultura y la confederación hidrográfica del Segura, según recoge el auto notificado el pasado mes de febrero.
Tras incoar cargos por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente a los investigados, la magistrada estima que no existe ninguna conexión entre los delitos que se atribuyen a los funcionarios de la Consejería de Agricultura y a los de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya que los hechos no guardan ningún vínculo entre sí. “No se aprecia ningún indicio de que haya existido un concierto o reunión previo en la actuación realizada por los funcionarios de la Confederación y por los de la Consejería, máxime cuando se trata de organismos independientes entre sí, con ámbitos y competencias claramente diferenciadas”, explica la juez en su fundamentación. Y por ello, acuerda la instrucción separada de los hechos atribuidos a los funcionarios de uno y otro organismo.
El auto señala, también, la falta de competencia territorial respecto de los vertidos con desaladoras ilegales al Mar Menor denunciados, que habrían sido cometidos por agricultores y empresas agrícolas que tienen su domicilio en los partidos Judiciales de San Javier y Cartagena. “Se trata de hechos cometidos por diferentes personas en distintos lugares y tiempos, sin que exista ningún indicio de que haya concierto entre ellos”, y matiza que “prueba de ello es que todos los agricultores has sido objeto de un expediente administrativo sancionador independiente”. Como consecuencia de ello la juez estima que estos delitos pueden ser instruidos y enjuiciados en sus diferentes partidos judiciales.
Las actuaciones han permanecido secretas para garantizar la práctica de una diligencia de entrada y registro solicitada para esclarecer los hechos que se investigan.
