Tal y como hemos indicado en nuestro anterior artículo, el informe de auditoría presentado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) podría contener distintas irregularidades contables que irían encaminadas a resolver las dudas sobre la génesis de la operación del Popular y que, posiblemente, irían encaminadas a cuadrar las cuentas de otro de los grandes clientes de la auditora: el Banco de Santander quien presentó y aprobó sus cuentas recientemente.
Se trata de dos documentos totalmente separados. Por un lado, la entidad cántabra publicó las conclusiones auditadas por PwC junto a los informes de las cuentas anuales del Grupo Santander. Sin embargo, la auditora británica realizó un segundo informe de auditoría centrado en exclusiva en las cuentas del Banco Popular, documento del que hemos comenzado en el día de hoy a publicar las conclusiones tras un exhaustivo análisis por parte de auditores y expertos financieros independientes.
El mero hecho de que PwC haya cambiado su criterio a la hora de auditar las cuentas del Popular respecto a la labor realizada en el ejercicio 2.016 ya supone, en sí mismo, una irregularidad puesto que no ha habido cambios legales que lo justifiquen. El hecho de que la entidad fuera intervenida en el mes de junio no es causa suficiente para ese cambio de criterio.
No obstante lo anterior, el hecho de que el Grupo Santander haya realizado informes independientes muestra, en primer lugar, el temor que existe dentro de la entidad cántabra a los movimientos legales de los afectados, unos movimientos que, tal vez, no se esperaban ni que fueran por la vía penal, tal y como ha ocurrido con la propia demanda presentada por el ex presidente Ángel Ron y su esposa para recuperar un millón de euros que ésta tenía invertidos en el banco intervenido; en segundo lugar, el propio Santander parece que no calculó la intervención de este medio de comunicación a la hora de publicar los documentos que están demostrando cómo la situación del Popular no fue consecuencia de crisis de liquidez ni de una pérdida de confianza del mercado, sino que fue el resultado de una operación orquestada con múltiples actores que finalizaron con la intervención y el presunto enriquecimiento ilícito del propio Santander; en tercer lugar, presentar dos informes ante la CNMV demuestra que el Santander quería demostrar a través de diferentes documentos una situación contable del Popular con la que justificar la intervención, la compra por un euro y la ampliación de capital de 7.000 millones que implementó bajo la escusa de que el Popular lo necesitaba.
Sin embargo, los dos informes de auditoría podrían no cuadrar puesto que fueron realizados por dos socios de PwC diferentes, Alejandro Esnal para la del Santander y Pedro Barrio Luis para la del Popular. Casualmente, ambas fueron fechadas el mismo día: 16 de febrero de 2.018.
La auditoría del Banco Popular fue presentada ante la CNMV. Diario16 ya disponía del documento antes de su presentación, pero no lo publicamos por respeto a la entidad, a la auditora y a la propia CNMV. Del mismo modo, el Banco Popular debió de tener el mismo respeto hacia sus accionistas y sus clientes comunicando a la Comisión la entrada de las ofertas para ampliar capital por parte de Barclays y Deutsche Bank o las propuestas para vender activos no estratégicos como TotalBank o WiZink, tal y como se comunicó a través de un hecho relevante el pasado 26 de marzo, por citar algunas de las operaciones que el equipo de Saracho ocultó tanto al Consejo de Administración y, por tanto, a la CNMV. Todo lo que está ocurriendo en la actualidad se habría evitado.
Como decimos, los informes de PwC referidos al Popular podrían contener irregularidades contables. El análisis de Diario16 y el cruce con la auditoría del Grupo Santander nos sacarán de dudas en breve.
