El V Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas-Red de Abogadas Demócratas de España (FAI-RADE) se ha reunido en Madrid para debatir sobre el trabajo de los y las profesionales del Derecho en defensa del Estado social y democrático de derecho.
Tras distintos y pormenorizados análisis que desarrollaremos más adelante, consideramos imprescindible a día de hoy invitar a todas y todos los profesionales del Derecho, en especial a los colectivos de juristas y de defensores de derechos humanos de nuestro país, a que nos constituyamos y organicemos como sujetos activos para la defensa beligerante de las libertades públicas de forma coordinada y unitaria. Porque es necesario contrarrestar, y denunciar si fuera necesario, los comportamientos patriarcales, autoritarios y liberticidas del Poder Judicial de nuestro país.
Hacemos esta convocatoria de manera muy consciente tras analizar el paulatino desmantelamiento del Estado social que sufre nuestro país desde hace una década a consecuencia de la imposición de políticas económicas neoliberales incompatibles con el respeto de los derechos sociales y económicos recogidos en la Constitución de 1978.
Hemos observado como la contestación ciudadana ante la pérdida de derechos ha provocado la adopción de medidas limitativas de las libertades fundamentales, esto es, de los derechos civiles y políticos también recogidos en nuestra Constitución. Las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana o del Código Penal realizadas en los últimos años han provocado una desmesurada criminalización de situaciones de vulnerabilidad social y de la protesta social.
Hemos debatido también sobre los comportamientos machistas de una administración de justicia alejada en general de la ciudadanía, sobre la ausencia de mecanismos de exigibilidad constitucional de los derechos sociales y económicos, sobre la restricción a las libertades públicas o sobre la impunidad de las más graves violaciones de los derechos humanos.
Hemos estado compartiendo experiencias de intervención en defensa de los derechos económicos y sociales en el ámbito municipal, valorando prácticas institucionales como la remunicipalización de servicios públicos, el análisis de los límites de gasto o el desarrollo de intervenciones en defensa del derecho a la vivienda.
Hemos constatado que los diversos procesos de limitación de derechos fundamentales puestos en marcha por el Poder Ejecutivo han venido acompañados de un comportamiento patriarcal, autoritario y liberticida en la aplicación de la ley por los tribunales de justicia, olvidando que el derecho penal es la última ratio en la solución de los conflictos sociales. Dichos tribunales han hecho gala de una utilización desmesurada y desproporcionada de tipos penales excepcionales (enaltecimiento del terrorismo, delito de odio, desórdenes públicos, entre otros) para sancionar conductas que para la sociedad española, de forma muy mayoritaria, son aceptadas como propias de los valores de una sociedad democrática, como son la libertad de expresión o la libertad de discrepar y disentir abiertamente con el ordenamiento jurídico y con las actuaciones de las instituciones del Estado.
Defendemos que cualquier poder del Estado debe ser reflejo de la soberanía popular y el Estado de Derecho obliga, en primer lugar, a las instituciones y a los poderes públicos, porque la legitimidad de las instituciones depende del escrutinio público de sus actuaciones, sin que ningún poder del Estado pueda sustraerse al control ciudadano.
A lo largo de la historia de nuestro país, las y los profesionales del Derecho, los y las defensoras de los derechos humanos, nos hemos organizado para reivindicar y defender la democracia y las libertades públicas. Estamos convencidos de la necesidad de consolidar, desarrollar y defender el Estado de derecho y las libertades públicas que le son consustanciales, en un momento en que están siendo claramente restringidas por la actuación de poderes públicos.
