La nueva ley de Arrendamientos Urbanos deshará la limitación mínima de los 3 años de plazo establecidos por el PP y el precio libre de los arrendamientos – volviendo a los 5 años mínimos de la redacción originaria del PSOE y a la actualización de los precios con arreglo al IPC–, recogiendo por primera vez en nuestro Derecho la figura de los inversores oportunistas, en una referencia clara a los fondos buitres que anidaron en España desde que el 31 de agosto de 2012 se creara la SAREB por el entonces Ministro de Economía Luis de Guindos, y a quienes se les limitará todas sus facultades como arrendadores.
En aquellos momentos de crisis fulgurante la UE promovió una política de integración económica creando los ‘bancos malos’, que se quedarían con los productos tóxicos de los países intervenidos con la intención de devolverlos al mercado una vez extinguidas las hipotecas y a precios bajos para que sirvieran a la concesión de nuevos créditos, reactivando con ello el mercado financiero y favoreciendo al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna.
Esto ya lo hizo Irlanda, creando la NAMA (su Agencia Nacional de Gestión de Activos) y Portugal, con el Banco Espirito Santo después de ser intervenidas por la Unión Europea.
¿Cómo consiguió entonces España evitar el rescate?
La NAMA tenía como objetivo esencial la reactivación económica del país, ayudando a recuperar el mercado financiero y las transacciones inmobiliarias, todo ello desde una perspectiva de solidaridad facilitando la refinanciación para la compra de inmuebles a precios más asequibles.
El importe del rescate en Irlanda fue de 85 mil millones de euros. España en cambio no fue intervenida, a pesar de que su rescate bancario fue por importe muy superior al de Irlanda, 100 mil millones de euros.
¿Cómo se consiguió?
La argucia del entonces Ministro de Economía, Luis De Guindos, consistió en invertir los términos del rescate haciendo que el destinatario de la ayuda fuera el sistema financiero, y no el Estado español.
Esta artimaña, que en principio beneficiaba al crédito del Estado en la colocación de deuda pública en el mercado internacional, se convirtió en una trampa en el medio plazo.
Por de pronto, Irlanda y Portugal ya han salido de la crisis y España todavía no.
La trampa del rescate bancario español significaba que la SAREB no se iba a regir por los mismos criterios de solidaridad con los que por ejemplo se constituyó en Irlanda la NAMA.
En España jamás se ha sabido de una manera oficial y clara a cuanto ascendía el importe total del activo tóxico de los bancos y de las Cajas de Ahorro. En consecuencia, tampoco se ha publicado oficialmente el importe de devaluación de esos activos, ni el precio de compra de esos activos por la SAREB.
Esa falta de transparencia hemos sabido después que tenía por objeto facilitar el inusitado comportamiento especulativo – y poco solidario – del ‘banco malo’ creado por Luis De Guindos, que no solamente procedió a la venta generalizada de su cartera de inmuebles a los fondos ‘buitres’ (sin que tengamos ninguna información oficial sobre estas operaciones), sino que además está reclamando fraudulentamente el importe de sus hipotecas en los concursos de acreedores y en los procedimiento de ejecución hipotecaria por el 100% del valor nominal, cuando los adquirió con una depreciación superior al 60% .
El resultado de toda esta especulación ‘administrativa’ ha sido aún más sorprendente que la propia crisis financiera que quiso solucionar: “La Administración Pública ha conseguido ella sola algo que parecía imposible, hacer desaparecer la ‘burbuja’ del precio de la vivienda creando una ‘burbuja’ nueva, la del precio de los alquileres”.
Esa especulación desaforada se contagió después a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de las grandes ciudades gobernados por el PP, que también pusieron a la venta miles de pisos públicos.
Por esa razón la UE ha vuelto a reaccionar, ordenando a los países miembros que legislen en el mismo sentido que lo hizo el Parlamento de Bélgica que votó por unanimidad, en julio de 2015, una Ley que puso freno a la actuación de los ‘fondos buitres’ impidiendo a los especuladores que obtuvieran en Bélgica más de lo que hubieran pagado para recomprar deuda pública, incluso habiendo obtenido una sentencia Judicial a su favor en un Tribunal extranjero.
Esa legislación es la que quieren importar en España PSOE y PODEMOS, pero haciéndola extensiva también a la adquisición de inmuebles y servicios públicos por parte de los llamados “inversores oportunistas”.
Pero si la nueva ley de Arrendamientos Urbanos quiere ‘pinchar’ de verdad la burbuja de los precios de los alquileres, tendrá que venir acompañada de una reforma integral que evite en lo sucesivo el inusitado comportamiento especulativo de la propia administración pública española, desmantelando el ‘nido’ que construyó Luis De Guindos.
