Lo contaba hace pocas semanas en estas mismas páginas el hermano del asesinado por las fuerzas de orden público, Germán Rodríguez Saiz, durante aquellos infaustos sanfermines de 1978. Y decimos asesinato porque el disparo recibido fue en plena frente. El 8 de julio de ese, con Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior, las fuerzas que debían proteger a las personas (estaba en plena creación la Constitución) atacaron a las 20.000 personas congregadas en la plaza de toros. Por sacar una pancarta que solicitaba la amnistía de todos los presos políticos, los grises decidieron actuar bajo los parámetros fascistas y disparar. Más de 150 personas resultaron heridas, 10 de ellas por disparos de bala y en el popular ruedo se contabilizaron los impactos de hasta 35 proyectiles. Así asesinaron a Germán hace 40 años y sigue sin haber justicia.
Este año, por tanto, se han cumplido cuarenta años de los trágicos sucesos antes descritos y numerosos ciudadanos han exigido, con pancartas colgadas en sus balcones, el esclarecimiento de los hechos sucedidos y el fin de la impunidad. El pasado sábado, no obstante, la Delegación del Gobierno de Navarra informaba de que la Brigada de Información había procedido a la citación de varios vecinos y vecinas en cuyas casas se habían mostrado las referidas pancartas. Según la propia Delegación del Gobierno, para justificar su actuación, la petición ciudadana de esclarecimiento “ni justifica ni ampara el descrédito de las instituciones del Estado”. O lo que es lo mismo, la utilización de los espías de la policía para acallar las peticiones de justicia por el crimen cometido.
Por ello, Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos y senadora autonómica por Navarra, ha solicitado formalmente la comparecencia de José Luis Arasti, delegado del Gobierno en Navarra, para que explique en la Comisión de Interior del Senado la actuación policial ordenada contra aquellos vecinos y vecinas de Navarra que decidieron colgar en sus balcones mensajes solicitando el esclarecimiento de lo ocurrido durante los Sanfermines de 1978. Según el texto registrado por la senadora navarra de Unidos Podemos, “no puede existir un delito de injurias ni calumnias contra el Estado, ya que ese supuesto delito no está recogido en nuestro vigente Código Penal”. Pero en tiempos de añoranza y de apoyo a una monarquía decrépita y presuntamente corrupta tampoco extraña.
La senadora Villanueva señala además que “es inconcebible que alguien pretenda sancionar a quiénes únicamente están pidiendo el esclarecimiento de unos hechos tan trágicos y dolorosos para Pamplona como aquellos que ocasionaron la muerte de Germán Rodríguez y heridas a más de 150 personas”. La representante navarra de Unidos Podemos en el Senado apunta además que “la decisión de identificar y sancionar a quiénes exhibieron pancartas en sus balcones supone un brutal ataque a la libertad de expresión”.
El pasado 18 de enero todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Navarro, a excepción del Partido Popular, aprobaban un texto por el que se instaba al Gobierno a desclasificar los documentos referentes a los hechos acaecidos en Pamplona hace justamente cuarenta años. A pesar de que el Partido Socialista de Navarra votó a favor de la iniciativa, esta fue finalmente rechazada en el Congreso de los Diputados cuando el PSOE unió sus votos a los de PP y Ciudadanos para rechazar la desclasificación de documentos oficiales relativos a este trágico episodio de nuestra historia reciente.
¿Qué tiene que esconder el PSOE? En principio nada, pero siempre acaban por ponerse de lado de quien ha cometido el crimen si coincide en los tiempos de la Transición. Un asesinato que hoy sigue clamando justicia pero que desde las filas socialdemócratas rechazan en base a un supuesto secreto de Estado. Una forma de no querer que salga a la luz lo que sucedió. No sería de extrañar que algunos de los implicados apareciesen como vinculados a los grupos parapoliciales de la guerra sucia (tipo Batallón Vasco Español, ATA o el posterior GAL) y no quieren tirar del hilo. El caso es que a Germán le segaron la vida con disparo en la frente y hoy sigue sin haber justicia.
Arasti deberá explicar el porqué de la persecución a las personas que reclaman Justicia y reparación. En una democracia, como se dice que es la española, no cabe la persecución de las demandas sociales de reparación y justicia frente al asesinato de un demócrata en una plaza de toros por miembros de los cuerpos de seguridad. El delegado del gobierno, por muy colega que sea del todopoderoso Santos Cerdán, deberá explicar el porqué de la mordaza a la democracia. Y más siendo él miembro de un partido que se dice socialdemócrata. A German lo asesinaron cruelmente y pedir claridad no atenta contra el Estado (si es que este señor sabe lo que es el Estado), sino contra las personas que ejecutaron al demócrata.
