Las infraestructuras de nuestro país están privatizadas y su acceso regulado bajo unos precios que no permiten la libre competencia de operadores alternativos. Ese es el gran negocio de este país, el que tiene el BOE como cómplice. El agua lo es, pero mucho más el sector de las telecomunicaciones. El paralelismo con él es claro.
Bien entrado el siglo XXI, muchas viviendas aún no disponen del mínimo ancho de banda establecido por la UE en el Horizon 2020. Los motivos son varios, como la falta de infraestructuras en el medio rural y periférico a las grandes ciudades o el factor económico de las familias proletarizadas entre otros.
El Horizon 2020 es un programa desarrollado por la UE con el objetivo de que los países menos desarrollados se dotasen de unos mínimos y se equiparen a los más ricos a nivel económico mediante la inversión en infraestructuras con inyecciones de dinero europeo. Dichas inyecciones se hacen mediante concursos públicos que presuntamente deberían favorecer al tejido empresarial local, permitiendo entre otras la creación de nuevas empresas o el desarrollo de las ya existentes, pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a miles de personas.
Para 2020 (falta algo más de un año), el programa dice que el 100% de las viviendas de toda la UE deben disponer de un ancho de banda de 50 Mbps o superior y el 50% más de 100 Mbps y para ello ha “soltado” 76.880 millones de euros. Nada ha filtrado a los ciudadanos. Ha quedado toda la financiación en manos de las grandes telecos, y se ha usado para el mantenimiento de sus privilegios y reparto de beneficios.
A pesar de ello, y para cumplir Horizon 2020, los ciudadanos se han ido organizando en proyectos como Guifi.net. Desde hace ya más de 10 años algunos usuarios de zonas rurales se han agrupado y han desplegado sus propias redes de telecomunicaciones, permitiendo aumentar la velocidad que tenían con las ADSL rurales de apenas 0,5 Mbps a los 30 Mbps que permite la tecnología wifi.
A medida que se han ido desarrollando proyectos como el citado Guifi.net, los usuarios y empresas, que interactúan en un ecosistema, van integrando otras tecnologías como la fibra óptica. Se han creado muchas empresas locales, dando servicio allá donde las grandes operadoras despreciaban.
Pero todo tiene un “pero”. En 2009, tras el despliegue de su primer tramo de fibra óptica, los usuarios de Guifi.net trataron de conectarse a la fibra óptica propiedad de la Generalitat de Catalunya. Nacen en ese momento los primeros “problemas administrativos”. El mensaje público es claro: “¡No se toca a las telecos!”, que son nuestra “puerta giratoria”. Solo es preciso ver la lista de presidentes y consejeros actuales y “eméritos” de la entidad pública LOCALRED que negocia y convenia con las “telecos” en nombre de todos los municipios de Catalunya o la cantidad de expolíticos o familiares vinculados a las Telecos.
En el símil: “tú puedes hacer con tu agua lo que quieras, usar el agua en una fuente, embotellarla, o usarla para regar… pero, siempre, el agua, te la suministrará Aguas de Barcelona”.
La gestión de dichas infraestructuras, como las del agua, genera beneficios multimillonarios, y las grandes operadoras lo saben. ¿El secreto? El secuestro de las infraestructuras públicas y no permitir la libre competencia.
El problema es que el acceso a las infraestructuras de este país está gestionado por empresas privadas, las cuales no permiten la libre competencia y abusan de su posición dominante del mercado, una flagrante falta de transparencia; el BOE y las jubilaciones de oro de los políticos como “carnada”.
El “Aguas de Barcelona” de las telecomunicaciones, en Barcelona, se llama Cellnex, empresa que se ha cuidado de establecer contratos de práctica exclusividad para uso privativo de las estructuras públicas del Ayuntamiento de Barcelona y de otros municipios españoles; infraestructuras pagadas con dinero público, por supuesto.
Cellnex ha estado controlada hasta hace pocos meses por Abertis, quien ha vendido su parte al grupo Benetton en las últimas semanas, ese que ahora se ha hecho famoso por la caída de la autovía de Génova.
Como no era suficiente, Cellnex acaba de entrar de forma mayoritaria en la principal empresa pública de telecomunicaciones catalanas, la Xoc, adquiriendo las acciones que tenía de Mediapro.
Hasta aquí genial, pero ¿qué ocurre cuando el Gobierno licita concursos para gestión y despliegue de infraestructuras? Pues que estos están preparados para que solo puedan acceder a ellos las cuatro operadoras de siempre, las que copan el mercado, no dejando en su redacción sitio a los operadores más pequeños.
Un ejemplo fue el de hace un año, en el que varias empresas vinculadas a Guifi.net crearon una UTE para presentarse a uno de los pliegos de la licitación de la gestión de la conectividad a Internet del Ayuntamiento de Barcelona. Se consiguió pasar el primer corte, pero en el segundo, a igualdad de condiciones, se quedó con el concurso una de las cuatro grandes operadoras.
El Ayuntamiento, que alardeaba de priorizar el trabajo con empresas basadas en el procomún, daba de nuevo la espalda a un proyecto que realmente podía cubrir sus necesidades, apostando en contra de su filosofía y la de quien le dio el dinero para construir las infraestructuras.
Los “Comisionados Colau” se llenan la boca de que las empresas del país accederán en condiciones ventajosas a los concursos (como exige, ciertamente, la UE), pero al final el BOE puede más; al menos por el momento. Colau continúa tres años más tarde en manos de “Aguas de Barcelona” y el agua de la ciudad condal, para alegría del gremio del agua, continúa sabiendo a rayos.
