«Ayer habló el Poder Judicial, mañana hablará el Ejecutivo». Esta frase pronunciada por Pedro Sánchez es lapidaria y resume en gran medida la orientación de la acción del Gobierno: pensar en la ciudanía como prioridad, algo que, por desgracia, no es lo habitual en la historia de España. El presidente realizó esta afirmación en la rueda de prensa en la que anunció que en el Consejo de Ministros que se celebrará hoy se aprobará un Real Decreto Ley por el cual el impuesto de actos jurídicos documentados de los créditos hipotecarios tendrá que ser abonado por las entidades financieras y no por los y las ciudadanas.
El gobierno actúa «en interés de la ciudadanía», ha dicho Sánchez. El hecho de que haya hecho una mención al Poder Ejecutivo es importante puesto que es, junto con el Legislativo, el poder que es elegido libremente por el pueblo y el que debe responder a las necesidades. Además, es la respuesta inmediata a la provocación de Carlos Lesmes que por la mañana puso la pelota en el tejado del Gobierno y de las Cortes: «Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras; existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, se diga definitivamente quién es el que debe pagar y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el Legislador, que en definitiva siempre es quien tiene la última palabra a través de la ley».
Por eso llegó la hora del Ejecutivo para demostrar a los ciudadanos que el grave error del Tribunal Supremo podía ser resuelto a través de una acción de gobierno. Pedro Sánchez, junto con el equipo formado por Nadia Calviño, María Jesús Montero, José Luis Ábalos y, sobre todo, por Carmen Calvo, reaccionaron rápidamente al desafío de Lesmes con el anuncio de ese Decreto Ley que deja en evidencia a quienes se ajustan a los intereses de las dictaduras privadas del capital a la hora de desarrollar un trabajo que, teóricamente, debería estar orientado al servicio quien suele ser la víctima de esas élites: el pueblo.
Por fin un Gobierno, actuando como tal, tiene el valor de enfrentarse a la banca, a un sector que es capaz de lograr que el tercer poder del Estado se someta a sus necesidades. Por eso el Ejecutivo ha actuado como el pueblo espera de él, por eso Pedro Sánchez, en vez de refugiarse en el eufemismo del «interés general», ha tomado una decisión que ha reparado la ignominia de una Justicia que siempre permanecerá doblegada a los intereses de los poderes tradicionales mientras que no se someta a la revolución pendiente para convertirse en el verdadero tercer poder de un Estado democrático.
Sin embargo, Pedro Sánchez no se ha quedado en el anuncio del Decreto Ley, sino que ha emplazado al Poder Legislativo a que tramite y apruebe la creación de un organismo independiente encargado de vigilar los abusos que la banca pueda cometer —o haya cometido ya— contra los y las ciudadanas. Es el momento de que el otro poder democrático elegido por el pueblo se quite la máscara de una vez y trabaje para quien es el depositario de la soberanía popular en vez de defender a quienes se convierten en sus verdugos. Tras la reacción del Ejecutivo, el Legislativo no puede meterse en la creación de comisiones estériles en las que los responsables de los desmanes que está sufriendo la ciudadanía salgan impunes o sin responder a ningún tipo de responsabilidad. Es el momento de que quienes han sido elegidos por el pueblo demuestren para quién trabajan porque, tal y como dijo un político del pasado, o se está con el pueblo o se está contra España.
