El Gobierno de Pedro Sánchez prefiere dejar sin contestar las preguntas más sensibles relacionadas con las Fuerzas Armadas que le ha planteado Izquierda Unida sobre la manifiesta admiración que algunos/as de sus integrantes siguen manifestando con la dictadura franquista o la equiparación de estos/as a la hora de sancionarles con aquellos/as profesionales que sí defienden públicamente los valores democráticos y constitucionales.
El Ejecutivo ha remitido a la diputada de IU, Eva García Sempere, una contestación por escrito llena de lagunas y con falta de respeto hacia su trabajo parlamentario. Entre otras, obvia deliberadamente cuestiones tan concretas como “¿qué actuaciones va a llevar a cabo para garantizar que los militares que defienden el sistema democrático no sean sancionados por mostrar su rechazo a los nostálgicos de la criminal dictadura militar?” o “¿qué medidas piensa adoptar para asegurar que en el seno de las Fuerzas Armadas no se desarrollen actitudes de corte fascista y que realizan apología franquista?”
Esta situación se produce a raíz de la iniciativa parlamentaria registrada en septiembre por García Sempere a partir de la investigación abierta por el Ministerio de Defensa sobre el cabo del Ejército Marco Antonio Santos. Éste militar en activo fue uno de los firmantes del manifiesto que pretendió responder a la declaración franquista previa, contraria a los principios democráticos, que respaldaron centenares de oficiales nostálgicos de la dictadura.
García Sempere trasladó al Gobierno del PSOE su extrañeza porque el cabo Santos pueda acabar siendo sancionado pese a demostrar total respeto “a los valores constitucionales” y rechazar a «los militares que muestran su veneración por la figura de un dictador criminal”.
El Ejecutivo inicia su respuesta con una genérica manifestación no solicitada sobre “el absoluto compromiso de todos los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas españolas con la Constitución Española y con los valores que en ella se recogen”.
El texto indica luego sobre el primer ‘manifiesto’ en favor de Francisco Franco y su dictadura que ‘en lo que afecta al Ministerio de Defensa, se ha completado un proceso de Información Previa, conforme al artículo 41 de la citada ley (Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas) A la vista de las conclusiones alcanzadas, se ha ordenado a los respectivos Mandos de Personal de los ejércitos de pertenencia la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios’.
Sobre el ‘manifiesto’ posterior refrendado por el cabo Marco Antonio Santos y otros/as militares ‘formulado como respuesta al anterior’ el Ejecutivo se limita a señalar que ‘el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ha ordenado al mando correspondiente, tras el esclarecimiento de los hechos, la instrucción del oportuno expediente disciplinario’.
Eso sí, llama la atención que el Gobierno reconozca explícitamente en su escrito el distinto tratamiento que se otorga en los dos casos. Mientras a los militares profranquistas Defensa les abre un ‘proceso de Información Previa’ antes de ordenar los expedientes disciplinarios, con los militares demócratas se limita a que el alto mando correspondiente siga el escalafón hacia abajo para instruir directamente las sanciones.
