Izquierda Unida, a través de sus diputados/as Félix Alonso Cantorné, integrado en la confluencia de En Comú Podem, y Eva García Sempere, ha contribuido a impulsar en el seno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a que a partir de su aprobación el Ministerio de Fomento “garantice el cruce de información con los ministerio de Justicia y de Cultura, con las comunidades autónomas y las administraciones locales para que los datos de los elementos relacionados con Memoria Democrática y los Derechos Humanos sean tenidos en cuenta durante las labores de mantenimiento y conservación de carreteras”.
Esta proposición no de ley parte de unos datos oficiales preocupantes. Según el mapeo realizado por el Ministerio de Justicia en 2011 -a partir de la información aportada por 49 plataformas defensoras de la Memoria Democrática- en todo el Estado español existen un total de 2.246 fosas comunes pertenecientes a la Guerra Civil y la dictadura franquista. De ellas, “se han exhumado en su totalidad 437, parcialmente 43 y quedan por intervenir 1.221. Se han detectado cerca de 500 fosas distribuidas en todo el territorio cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Caídos y existen 250 fosas desaparecidas, algunas de estas últimas por modificación en tramos de carreteras o por haber inhabilitado su acceso a causa de construcciones recientes”, detalla la iniciativa.
Este trabajo parlamentario, que firman también los diputados del mismo grupo confederal Txema Guijarro, Sergio Pascual y Eduardo Maura, persigue como reza en su título “la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras”.
A tal efecto, detalla en su parte propositiva que el protocolo que debe añadirse al desarrollo reglamentario correspondiente “obligue a las actuaciones de mantenimiento y conservación de carreteras a contar con un informe previo de conocimiento sobre los elementos relacionados con Memoria Democrática y de los Derechos Humanos existentes en la zona de actuación”.
Del mismo modo, especifica que en el caso de que ya se dé esta circunstancia se diseñe “un plan específico de prevención de cara a evitar daños a las víctimas derivados de las labores de mantenimiento y conservación”, tal y como refleja el artículo 12.2 de la conocida como Ley de Memoria Histórica o Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
La iniciativa parlamentaria plasma así las demandas de buena parte de los colectivos y asociaciones de víctimas y sus familiares en relación a este asunto. Los/as diputados/as firmantes destacan que la localización exacta, investigación y futura exhumación de los restos mortales que aún permanecen enterrados “deben ser consideradas responsabilidades políticas de primer orden”.
Apostillan que “de la correcta gestión e investigación a todos los niveles dependerá el legado que transmitamos a las generaciones futuras y la reparación, justicia y verdad de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente que, sin duda, tienen un retorno en la sociedad actual, una brecha abierta que debe cerrarse desde la responsabilidad y el buen hacer metodológico y político”.
A nivel práctico, los/as parlamentarios/as autores de la proposición no de ley apuntan que en las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras “se deben de tener en cuenta en todo momento los riesgos de cercanía a dichas fosas comunes reflejadas en el mapa en la web del Ministerio de Justicia que, aun debiendo ser actualizado, evidencia que coexisten zonas de carreteras con fosas comunes en las cunetas o en inmediaciones cercanas a las vías, susceptibles de recibir labores de mantenimiento”.
Consideran que “disponer de un catálogo bien documentado ayudaría a los responsables del mantenimiento y conservación de carreteras a prevenir y evitar que actuaciones para el cuidado de nuestras carreteras deterioren o pongan en peligro elementos de nuestra memoria”.
