El año que acaba de empezar se puede convertir en un año clave para la banca española. Además de tener que empezar a hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tras el Real Decreto de Pedro Sánchez, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine la nulidad del IRPH, sobre todo tras la entrega de un informe contundente por parte de la Comisión Europea que declaraba que dicho índice aplicado por las entidades financieras españolas es una cláusula abusiva. Una más.
Diario16, a través de los testimonios de varios afectados, ya ha informado de que los bancos con quienes tienen contratada su hipoteca referenciada al IRPH les están llamando por teléfono o enviándoles cartas en las que les ofrecen una modificación de su préstamo a un interés fijo que oscila, dependiendo de la entidad, entre el 1,7 y el 2% pero, en ningún caso, se les ha ofrecido la devolución del dinero cobrado de más en estos años o una cantidad concreta. Sólo el cambio de índice de referencia. ¿Por qué ahora y no hace 5 años? El miedo a lo que Europa pueda determinar tiene que ver con ello.
Esta estrategia de intentar llegar a acuerdos con los afectados, al igual que ocurre con otras presuntas estafas bancarias, no es más que un reconocimiento implícito de la responsabilidad porque si se hubiese hecho todo bien, si no existiera una cláusula abusiva, la banca no ofrece motu proprio un acuerdo extrajudicial con los afectados.
Sin embargo, ¿qué es lo que pretende realmente la banca española? No las tienen todas consigo puesto que en la Justicia europea no tienen la capacidad de influencia que con la de aquí. Saben que el informe de la Comisión Europea es demoledor para sus intereses, por más que tengan el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, apoyo que el Congreso de los Diputados ya ha exigido que se retire y que, si el presidente es coherente con sus palabras, debería ser retirado en breve. El hecho de que Goldman Sachs estimara que el coste para el sistema financiero español iba a ser superior a los 40.000 millones de euros es un indicio importante, ya que dicho informe del banco de inversión norteamericano no es más que la advertencia del poder financiero a la Justicia europea de que una sentencia favorable provocaría una catástrofe en la banca española.
La realidad es que esas ofertas no quieren más que intentar contentar al mayor número de víctimas del IRPH posibles con un cambio de índice, pero, eso sí, sin pagar un euro de lo cobrado de más. Es decir, que intentan arreglar los efectos de una cláusula abusiva con otro abuso ya que esas cantidades ya fueron cobradas en su momento.
De ahí la importancia que están dando los despachos de abogados que llevan con los afectados del IRPH desde el principio a que no se firme ningún acuerdo puesto que, al igual que ocurrió con los bonos de fidelización del Santander, una de las cláusulas de esos acuerdos a los que pretende llegar la banca es la no presentación de medidas legales. Por tanto, no devuelven el dinero cobrado de más e impiden a los afectados que, de haber una sentencia favorable del TJUE, renuncien a recibir ese dinero.
