La exclusión financiera se extiende en nuestra sociedad. Afecta a las generaciones de más edad, afecta a más del cincuenta por ciento de los municipios del todo el Estado y afecta a los millones de clientes de servicios bancarios que no tiene capacidad económica para invertir. Y ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.
En la “España vaciada” se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Esto provoca un coste añadido a los ciudadanos de estos municipios que tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas.
Que afecte a estos colectivos de población no significa que sólo les afecte a ellos. Los jóvenes y los clientes, con independencia de su edad, de las entidades financieras de las grandes urbes también ven como son mal atendidos o sencillamente no atendidos por las entidades en las que mantienen una cuenta corriente.
Desde hace unos años, se ha conformado un oligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero en manos de cinco grandes entidades: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja+Liberbank (los tres primeros aglutinan el 60% del negocio). Siempre ha sido muy difícil para los clientes visualizar y demostrar que se están tomando medidas y fijando criterios de actuación que se manifiestan contrarios a los intereses de la clientela, pero a la vista de lo que está ocurriendo no es descabellado pensar que es eso lo que está pasando.
Cobrar comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, aunque ya no te informen de tus movimientos bancarios por escrito; cobrar comisiones por hacerte tu mismo una transferencia, desde el ordenador de tu casa; tener que realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita el 85% de la clientela; trasladar el riesgo de manejo de efectivo al cliente, en plena calle… Son alguna de las situaciones más habituales que se están produciendo.
A ello hay que añadir que la red de cajeros automáticos sufre de un deterioro y déficit de mantenimiento galopante: no es difícil acudir a una oficina con dos o tres cajeros automáticos y que haya que esperar una larga cola, porque de tres solo funciona uno.
El servicio de atención presencial también está en franco deterioro, no por culpa de los trabajadores de las oficinas, sino por la escasez de plantilla que sufren; por la combinación de la ola de despidos que ha sufrido el sector y por la pandemia: bajas más empleados en teletrabajo.
Todas estas vicisitudes son comunes a la práctica totalidad de las entidades financieras, excepto a las que solo ofrecen servicio virtual; estás no ofrecen cajeros y la plantilla es ínfima, en comparación con las entidades tradicionales.
La banca, siempre ha fundamentado su negocio en la confianza. Pero hoy esa confianza se está deteriorando. Una inmensa mayoría de clientes se sienten excluidos de un servicio que se basaba en esa confianza para mantener su dinero, poco o mucho, en custodia de unas entidades que lo manejaban en el mercado interbancario (prestándoselo entre ellas).
Dicen que no nos cobran por mantener nuestro dinero en una cuenta a la vista, pero sí nos acribillan a comisiones, bajo motivaciones muchas veces difíciles de entender, por ejemplo “comisiones por gastos de correspondencia”, aunque haga años que no te envían una carta. Argumentan que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, lo cual es cierto. Pero ellos cobran en torno a un 6% los créditos al consumo; esos que las familias trabajadoras siempre han necesitado para comprar el frigorífico, la lavadora la televisión, etc.
Se desprecia a los depositantes. La banca se ha transformado en un servicio exclusivo para inversores. El problema es que esa gran mayoría de quienes estamos obligados a mantener una cuenta bancaria no tenemos capacidad de ahorro y mucho menos aún de inversión. Y no es una exageración decir que tenemos una cuenta corriente de forma obligada, pues no se puede hacer nada sin una cuenta corriente: no se puede cobrar la pensión, no se pueden pagar los recibos de los suministros ni podemos pagar los impuestos, esto último solo afecta a quienes no eludimos al fisco.
Qué se puede hacer ante esto y quién debe hacerlo
El Estado debería asumir sus responsabilidades y dar respuesta a una situación que se agrava. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita, por tanto, son las instituciones del Estado quienes deben velar por que sea un derecho efectivo.
Hay normativa comunitaria y estatal que regula los derechos de los clientes y que no haya abuso en la prestación de estos servicios. Sin embargo, sin que haya una ley que obligue a tener una cuenta bancaria, la vida diaria es difícil de entender sin una herramienta básica como lo es una cuenta corriente.
El Estado, a través del FROB, ha tenido en sus manos una entidad, Bankia, que era en el 61% de sus acciones propiedad del Estado. Sin embargo, desde 2012; cuando el Estado nacionalizó la entidad, invirtiendo 22.400 millones de euros, no se orientó a dar una alternativa bancaria a la sociedad, sino que se dedicó a competir en el mercado como un banco más; pecando de los mismos malos “usos y costumbres” que las demás. Fue una oportunidad perdida, aunque el 14% de las acciones de la actual Caixabank no son un mal punto de apoyo económico para constituir una banca pública.
Es conveniente que se conozca que, en Europa, aunque no sea objeto de una especial publicidad, existe una importante presencia de una banca pública rentable y solvente en: Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc. España es un caso extremo en el sentido de no disponer de ningún banco público que trabaje directamente con el público.
La banca pública no tiene porqué competir con la banca privada, aún menos cuando las entidades privadas están renunciando a dar un servicio decente a millones de clientes que no tienen capacidad para invertir en fondos de inversión. Nadie tiene que pensar que la banca pública regalará el dinero; hay que buscar el equilibrio entre rentabilidad social por el servicio que se presta y la rentabilidad económica, sin la presión de un accionariado que demanda dividendos cada año.
El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa. Por otra parte, una vez entregada Bankia a “la Caixa”, el Estado solo cuenta con Correos y lo que queda de la antigua red de Caja Postal, con más de 8.300 puntos de atención en todo el territorio, particularmente en la “España Vaciada”. En cada oficina bancaria funcionaba una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron desde 1991 vendiéndolas a un banco extranjero que poco tiempo después prescindió de las mismas, y que en este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales.
La creación de una banca pública, a partir de estas herramientas del Estado, resolvería la dependencia del ICO de las entidades privadas, dotaría de contenido financiero a Correos; que, por cierto, está siendo colonizado por Banco Santander y, sobre todo, daría una solución para los depositantes que solo demandan servicios básicos de ingresos, reintegros, cobros y pagos de recibos. Resulta evidente que no podrán edificarse unos parques sociales de viviendas de alquiler sin una entidad financiera pública que aporte la financiación crediticia necesaria, pues de los presupuestos de los ayuntamientos no cabe esperar la financiación crediticia necesaria
A corto plazo lo más acuciante es la dotación de las oficinas de Correos de un servicio financiero que sería, sobre todo, de gran utilidad, en aquellas ciudades en las que no ha quedado ninguna oficina bancaria. El gobierno podría contar para lograr dicho propósito de los recursos derivados de la venta de la participación en CaixaBank, donde en este momento no se aprecia ninguna influencia de la participación pública citada.
