Los presidentes democráticos se enfrentan a veces a una disyuntiva que puede modificar la estrategia inicial de gobierno diseñada. Esto es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Luis Abinader, presidente del país caribeño, además de llegar al poder en medio de una pandemia mundial, se encontró con una herencia envenenada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los anteriores mandatarios, Leonel Fernández y Danilo Medina, dejaron como legado un régimen basado en la corrupción más absoluta, sobre todo en lo referente al funcionamiento de los tribunales de Justicia.
Como bien dijo Abinader en su discurso de investidura, en agosto de 2020, la democracia dominicana «había sido dañada», advirtió de que su gobierno no iba a tolerar la corrupción ni que la corrupción del pasado quedara impune. «El que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos», afirmó con contundencia Abinader.
Sin embargo, lo que dejó el PLD no entra en la definición de degradación democrática, sino que se encuadra en el apocalipsis más absoluto.
Uno de los ejemplos de ello se encuentra en la resolución judicial del Caso OMSA, donde se dirimía, entre otras cosas, la presunta corrupción que se estaba dando en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. En concreto, la sentencia condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras por la muerte del catedrático Yuniol Ramírez y que absolvió a Manuel Rivas, exadministrador de OMSA.
El escándalo de la sentencia es tal que la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que era «increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado».
La magistrada fue más allá y en las pocas palabras que se pueden introducir en un tuit, hizo un análisis de la realidad que dejó el PLD: «En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea».
Esta sería una demostración más de cómo los jueces nombrados por el PLD están extendiendo la impunidad de la corrupción indiferentes a las reformas que ya ha implementado Abinader.
Por más que desde la oposición trumpista de Leonel Fernández y de su partido Fuerza del Pueblo, formación cuyos miembros ocuparon puestos de responsabilidad y de gobierno con el PLD y, en consecuencia, tienen responsabilidad directa en el régimen corrupto que heredó Abinader, el presidente dominicano, casi desde el primer día de su mandato, ha desarrollado importantes reformas para eliminar la impunidad de los corruptos en los tribunales.
Entre ellas destaca, evidentemente, la reforma constitucional para consolidar la independencia del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Cuando se afronta algo tan delicado como es una reforma de la Constitución para terminar con la impunidad y la corrupción a través del fortalecimiento del Ministerio Público, una reforma que se ajusta a los postulados apuntados por el presidente del Tribunal Constitucional español en su visita a República Dominicana en la que avaló las reformas.
Abinader fue claro y no dejó espacio a la duda cuando anunció esta reforma: «La democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente». Por eso es fundamental que haya garantías constitucionales a la hora de romper con una historia política que nunca se inclinó hacia la justicia, sino que mantenía la influencia del poder ejecutivo sobre el Ministerio Público. Eso no es sano para una democracia moderna.
El presidente dominicano no quiere que la impunidad ante los delitos sea una parte de la normalidad. Por eso, Luis Abinader está trabajando para cimentar la credibilidad del sistema democrático a través del fortalecimiento de las instituciones públicas y la transformación de República Dominicana en una nación capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos.
«El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito, igual para todos, es ya irreversible», sentenció Abinader.
Los hechos son los que muestran la eficacia y, cuando aún se encuentra en el ecuador de su mandato, Abinader y su gobierno ya han sido reconocidos, no sólo por el presidente del Tribunal Constitucional de España, sino por representantes del gobierno de Estados Unidos, como Robert Thomas quien no dudó en afirmar que la Administración Abinader, sin haber llegado a la mitad de legislatura había logrado «investigar la corrupción y detener a personas implicadas en fraudes y manipulaciones, incluidos altos funcionarios que antes se consideraban intocables, así como a legisladores implicados en el tráfico de drogas, incluidos algunos de su propio partido. Su gobierno ha colaborado con los Estados Unidos en la formulación y propuesta de reformas institucionales. Un Gobierno democrático no puede funcionar sin el soporte y la rendición de cuentas de la sociedad. Juega un papel indispensable apoyando los esfuerzos del Gobierno en la implementación de estos compromisos de manera eficiente y justa, para el beneficio del pueblo dominicano».
Las medidas implementadas por Abinader, además de las profundas reformas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, han tenido como resultado, además del reconocimiento internacional, que República Dominicana se haya colocado en el TOP5 de Latinoamérica en su capacidad para luchar contra la corrupción por encima de otros países de América Latina como Venezuela, México, Panamá, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.
El presidente dominicano tiene un trabajo más duro del esperado porque los rescoldos del régimen corrupto dejado por el PLD siguen ahí. Sin embargo, la constancia, la transparencia e, incluso, la terquedad son algunos de los aspectos que caracterizan la gestión de Luis Abinader porque para él nada es suficiente para llevar a República Dominicana al lugar que prometió y al que lo llevará.
