El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. La norma introduce importantes mejoras en el acceso a prestaciones y servicios, eliminando incompatibilidades que limitaban la atención a las personas dependientes y ampliando el catálogo de derechos. Sin embargo, asociaciones del sector advierten de que sin un aumento significativo de la financiación, estas medidas podrían no llegar a aplicarse con la eficacia esperada.
Fin de las incompatibilidades y refuerzo de la asistencia domiciliaria
Uno de los cambios clave de la reforma es la eliminación de la incompatibilidad entre servicios, que hasta ahora impedía, por ejemplo, que una persona dependiente pudiera asistir a un centro de día y recibir simultáneamente ayuda a domicilio. Con esta modificación, se pretende flexibilizar la atención y adaptarla mejor a las necesidades de cada usuario.
Además, la reforma otorga un mayor reconocimiento a la teleasistencia, estableciéndola como un derecho subjetivo. Se amplía también el alcance de la ayuda a domicilio, que podrá incluir actividades fuera del hogar, como el acompañamiento a citas médicas o la asistencia a compras. Asimismo, se incorpora un sistema de préstamo o cesión temporal de productos de apoyo (sillas de ruedas, grúas, audífonos, etc.) para facilitar que las personas dependientes puedan continuar en su domicilio el mayor tiempo posible.
Otra novedad relevante es la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y «relacional», lo que permitirá que amigos y vecinos puedan recibir ayudas económicas por el cuidado de una persona dependiente en ausencia de familiares directos.
Un modelo de cuidados más flexible y adaptado
La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales apuesta también por nuevas modalidades de vivienda con apoyos, que permitan a las personas dependientes desarrollar su proyecto de vida en entornos adaptados a sus necesidades. Se busca avanzar en la desinstitucionalización y reducir la dependencia de las residencias tradicionales, ofreciendo alternativas como viviendas colaborativas o con servicios compartidos.
En el ámbito de la discapacidad, la reforma adapta la legislación española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución, que eliminó el término «disminuido».
Críticas por la falta de financiación
Pese a los avances que introduce la reforma, organizaciones del sector han expresado su preocupación por la falta de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado de que la congelación de los fondos destinados a dependencia podría hacer que los nuevos derechos se queden en «papel mojado».
Según los datos del Observatorio de Dependencia, actualmente hay más de 270.000 personas en lista de espera para recibir una prestación. En 2024, más de 34.000 personas fallecieron sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho. La media de espera para acceder a los servicios es de 334 días, aunque en algunas comunidades autónomas supera los dos años.
Otro punto de crítica es el insuficiente incremento en las cuantías de las prestaciones. La ayuda media para cuidadores no profesionales es de 264 euros al mes, una cifra considerada «ridícula» por los expertos. Además, aunque el Gobierno ha incrementado la financiación en los últimos años, el gasto medio por persona atendida ha descendido un 26,6% en comparación con 2010.
La reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad supone un avance en la mejora de la atención y los derechos de las personas dependientes y con discapacidad en España. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de que vaya acompañado de una financiación adecuada y de una implementación efectiva en todas las comunidades autónomas. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una ayuda que, en muchos casos, llega demasiado tarde.
