Tal y como publicamos en Diario16, la representación legal de los trabajadores con discapacidad de la empresa Konecta BTO asignados a un servicio de la Agencia Tributaria ha interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo, a la que este medio ha tenido acceso, en la que se exponen situaciones muy graves que, según el documento, se están dando con los empleados que fueron trasladados a Sevilla tras la sentencia que obligaba a readmitirlos.
Este es uno de los puntos denunciados puesto que, según el escrito presentado ante la Inspección de Trabajo, se está incumpliendo dicha sentencia judicial. Hay que recordar que Konecta BTO fue condenada a contratar a 92 personas con discapacidad a las que no subrogó cuando en el mes de agosto de 2018 consiguió la adjudicación del servicio de gestión telefónica de cita previa de la Agencia Tributaria.
Konecta decidió no contar con el personal con discapacidad y obligó a la anterior adjudicataria, Grupo SIFU, a entregar un listado con todas las personas que serían subrogadas a partir del día uno de agosto. Esta empresa, a la que califican los sindicatos como «el número uno en precariedad», rechazó la subrogación y envió una carta a las plantillas en la que se indicaba que no reconocía el convenio del centro especial de empleo y sólo ofrecían lo que indica el artículo 18 del Convenio de Contact Center: un proceso de selección.
El sindicato CGT denunció esta situación y ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien ha decidido que los despidos de estas personas con discapacidad son nulos y obliga a Konecta a pagar el salario que dejaron de percibir desde el día 1 de agosto.
Sin embargo, esta no es la única situación denunciada por estos trabajadores con discapacidad a los que, como presunta medida de presión para que aceptaran darse de baja en la empresa, se les trasladó a Sevilla, un hecho que, teniendo en cuenta las necesidades especiales de estos empleados, ha provocado que muchos lo aceptaran. Sin embargo, hubo otros que no firmaron esa baja y que se han visto obligados a trasladarse desde Madrid. Esto ha provocado situaciones que presuntamente contravienen los derechos de estos trabajadores y que se incluyen en la denuncia como, por ejemplo, comentarios realizados en la empresa del tipo «si os vale la pena esta lucha por mantener vuestros puestos de trabajo» o que se ha despedido a una tercera parte de la plantilla que gestionaba el servicio para «ubicarnos a nosotros». Además, de referencias vejatorias sobre la discapacidad como «no estáis capacitados para realizar ningún trabajo. Llevamos más de 5 años realizando este trabajo con felicitaciones de la Agencia Tributaria», afirma la denuncia.
Respecto a las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta las necesidades especiales de este grupo de trabajadores, la denuncia en Inspección de Trabajo refiere la no disponibilidad de las sillas especiales que requieren estos empleados con discapacidad, hecho que provoca situaciones como la descrita en el escrito: «A un compañero con desviación severa de columna y operado de la cadera le dicen “siéntate bien y ponte derecho”», se puede leer en la denuncia.
Por otro lado, el escrito presentado en la Inspección de Trabajo insiste en el hecho de que la empresa no está cumpliendo con lo indicado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que, además, se podrían estar vulnerando derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores para con los representantes sindicales de estos empleados con discapacidad.
