Ayer se inició en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula directiva de Abengoa. Entre los imputados se encuentra el ex presidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. A ambos se les acusa de administración desleal y la Fiscalía solicita penas de prisión de cinco años para el primero y de cuatro años y tres meses para el segundo. Además, también están acusados Mercedes Gracia, presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Antonio Fornieles y Alicia Velarde, ambos consejeros de Gracia. Todos ellos tienen una petición de privación de libertad por un periodo que oscila entre los tres y los cuatro años y medio. Según la Fiscalía, tanto Gracia como Velarde y Fornieles, habrían acordado una indemnización por cese anticipado de 11,4 millones para Benjumea y 11,5 para Sánchez Ortega, sin tener en cuenta la difícil situación por la que ya atravesaba la compañía y que «se estaba negociando con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital».
En septiembre de 2015, tras conocerse la salida de Benjumea y de Sánchez Ortega, Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tanto el Banco de Santander como Credit Agricole y HSBC se habían comprometido a asegurar 465 millones de euros en la ampliación, además de señalar de que se suspendía el pago de dividendos a sus accionistas como medida de reducción de la mil millonaria deuda de la compañía. En noviembre del mismo año Abengoa presentó ante los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla la solicitud de preconcurso de acreedores.
Hay mucha controversia sobre los motivos de la salida de Benjumea de Abengoa. Mientras que la Fiscalía sostiene que se trató de una salida voluntaria porque no hay constancia de que Abengoa ni su Consejo le obligaran a abandonar la presidencia, ni siquiera que se le aconsejara. Por su parte, los acusados afirman que su salida fue una imposición del Banco de Santander.
El Fiscal José Perals es muy duro en este sentido, puesto que, además, reprocha que la Comisión de Nombramientos le concediera a Benjumea una bonificación de 7 millones de euros que no cumplía con lo establecido en su contrato. Esta cantidad se le dio «por agradecimiento». Además, el propio presidente de Abengoa fue nombrado presidente no ejecutivo y consejero dominical, proponiéndose la firma de un contrato de prestación de servicios de asesoramiento con una retribución de 1 millón cien mil euros.
Hay otro tipo de retribuciones aprobadas que son cuestionadas por la Fiscalía como, por ejemplo, 4,5 millones de euros en concepto de post-confidencialidad.
Las deudas de Abengoa con el Santander van más allá de las que se conocen en la actualidad. Según ha podido saber Diario16, el Santander está expuesto a un riesgo de más de 2.000 millones de euros en países latinoamericanos como Brasil y México, deuda que no ha sido declarada al Banco de España ni a la CNMV española ni a los inversores de Abengoa. Hay que recordar que en los últimos meses se ha sabido que algunos de ellos tienen interpuestas diferentes demandas a Abengoa que pueden paralizar el plan de reestructuración de la deuda.
