José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, tres de los cinco acusados de violación grupal a una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines de 2016, no supieron hacer otra cosas que abrazarse emocionados entre ellos tras escuchar a su abogado, el también sevillano y sevillista como ellos Agustín Martínez Becerra, llamarles de viva voz “imbéciles” en su propio rostro en el alegato final de la defensa.
La defensa de los acusados niega el estrés postraumático de la denunciante y que los videos denoten sometimiento
Durante las conclusiones, el abogado de parte de La Manada también reclamó al tribunal que los juzga su absolución por considerarlos “buenos hijos” que, aunque “no son modelo de nada” además de “simples” y “primarios”, no cometieron presuntamente los delitos de los que se les acusa, por el que la Fiscalía les pide a cada uno 22 años de prisión.
El letrado de estos tres acusados ha vuelto a insistir en la tesis del presunto despecho de la joven como móvil para que prosperara la denuncia sobre sus representados y ha añadido que además la joven “no sufrió lesiones compatibles con una agresión sexual” además de negar que la denunciante padezca estrés postraumático y tampoco que denote “sometimiento” hacia la joven el hecho de que en los videos aparezca con los ojos cerrados.
El abogado de estos tres acusados ha volcado sobre los otros dos amigos, el ex militar y el ex guardia civil, las responsabilidades sobre las grabaciones en vídeo y también el robo del teléfono de la joven denunciante. Fue en los teléfonos de estos dos acusados donde se encontraron los instantes grabados en los que aparecen los cinco sevillanos con la joven en un portal de la capital navarra durante la madrugada del 7 de julio de 2016. Fue el ex guardia civil quien reconoció el primer día del juicio haber robado el teléfono de la joven.
En su alegato de defensa, Martínez Becerra asegura que la “imagen” de sus clientes “ha sido destrozada y sus nombres vilipendiados”, aunque no hace mención sobre la contratación de una empresa de detectives para hurgar en la vida privada de la joven, apenas unos días después de haber denunciado la presunta violación grupal, e intentar así constatar la supuesta vida “normal” de la joven.
