Aguas de Cádiz eleva hoy al Consejo de Administración el examen y aprobación de la garantía del derecho humano al agua, suministro vital y fondo social solidario (bono social del agua).
Con esta medida se pretende garantizar el consumo mínimo de agua a las personas que se encuentren en situación de exclusión social y, de este modo, garantizarles que sus necesidades vitales están cubiertas. Los mecanismos a examinar y aprobar han sido consensuados con los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz y han recogido las aportaciones y propuestas de los ciudadanos.
La concesión del suministro mínimo vital a familias y personas subvencionará el pago de los conceptos bonificables de la factura durante los primeros 12 meses, revisable a los 6, desde la fecha de concesión de la ayuda. Sólo lo podrán solicitar las personas que se hallen en situación de exclusión social.
Las ayudas se cargarán al fondo social solidario de Aguas de Cádiz hasta agotar la partida de 300.000 euros asignada para esta medida de acción social. Por otro lado, se ofrece la posibilidad a estas familias en situación de exclusión social de fraccionar o aplazar los pagos.
Además de esta medida, el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz presentará los datos de facturación, ingresos y gastos del pasado año, un asunto que el Ayuntamiento de José María González «Kichi» ha destacado como positivo porque gracias a las políticas aplicadas de ahorro de gastos supérfluos Aguas de Cádiz ha logrado un superávit de casi 800.000 euros en 2016.
