El terrorismo machista es uno de los mayores problemas que tiene este país, por mucho que los datos del CIS no lo muestre. Un problema al que parece que no se le quiere poner solución dado que desde las autoridades gubernamentales no se ponen los medios adecuados para prevenir el asesinato indiscriminado de mujeres por parte de las hordas machistas.
Según datos oficiales, en este país fueron asesinadas 31 mujeres en el primer semestre de 2017. Respecto a 2016 es un incremento del 48%. Además, seis menores fueron asesinados por las parejas o exparejas de las víctimas. Este dato es aún más alarmante puesto que sextuplica a los de 2016. Son más asesinadas que las víctimas de ETA desde el año 1996 hasta el 2000, por ejemplo.
El incremento va en paralelo al aumento de un 19% de víctimas de violencia machista registrado por el Observatorio contra la Violencia de Género durante el primer trimestre, según los datos hechos públicos por el CGPJ.
Nos hallamos en una ofensiva del machismo que se aprovecha de la pasividad por parte del Estado a la hora de implantar medidas efectivas para prevenir los asesinatos indiscriminados de mujeres. En España se sigue dejando la responsabilidad de que las instituciones pongan en marcha los sistemas de prevención en manos de las mujeres, tal y como ha afirmado el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: «Hay que animar a la mujer para que no sea tímida, para que dé rienda suelta, para que lo que pasa no lo aguante ni siquiera un día», ya que, de no denunciar, según el ministro, «es muy difícil que podamos prevenir» porque «no podemos estar en cada momento pendiente de todo». Estas declaraciones son de una irresponsabilidad tal que son causa de cese o de dimisión.
De las 31 mujeres asesinadas, según los datos oficiales, 6 habían denunciado, cuatro contaban con órdenes de protección en vigor. 19 de ellas fueron asesinadas por su pareja.
El Estado está fallando a las mujeres que son víctimas de violencia machista, a todas, a las que denuncian y a las que no. La propia sociedad se pone de espaldas ante casos evidentes porque aún se tiene conciencia de que se trata de un problema de puertas para adentro cuando, en realidad, es un problema de todos y en el que el silencio es un modo de condenar a muerte a muchas mujeres. Los protocolos de protección fallan. Sólo un 66% de los acusados de violencia machista son condenados. Se llegan a acuerdos entre algunos fiscales y los abogados de los criminales machistas que rebajan las penas. Hay juzgados que rechazan más del 90% de las peticiones de órdenes de protección. Las Fuerzas de Seguridad del Estado no tiene recursos suficientes para poder hacer frente a la ofensiva del machismo o para cumplir con su deber que no es otro que hacer cumplir la ley a los ciudadanos y, por esa falta de medios, controlar que se cumpla con las órdenes de alejamiento. Ciertos miembros de la Iglesia Católica no hacen más que alentar a los machistas con declaraciones en las que dejan claro que el papel de la mujer es la sumisión absoluta al hombre o que cuando una mujer pide el divorcio el hombre tiene el derecho divino de responder con violencia. El propio Gobierno continúa recortando los presupuestos para la lucha contra el terrorismo machista. Con este panorama, ¿cómo se va a frenar el asesinato indiscriminado de mujeres?
La clase política está muy pendiente de los resultados de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero parece ser que no hay prisa en hacer públicos los resultados de más de 6 meses de funcionamiento puesto que las conclusiones debieron ser entregadas el pasado viernes pero se ha aplazado al 31 de julio. En un tema tan serio como es el del terrorismo machista no se puede perder ni un minuto y estos aplazamientos no hacen más que dar un mensaje: el Estado no va a ponerse del lado de las mujeres víctimas. Este hecho lo que genera es desconfianza, es que la mujer no se arriesgue a denunciar y, como dice Juan Ignacio Zoido, sin denuncia no hay protección.
