Un hilo, sólo un hilo de Twitter, ha servido a Alberto Garzón para desvelar cómo el Banco de Santander maneja los hilos del poder en España. Cómo, desde esa dominancia que le confiere ser parte de la fracción financiera que controla el bloque en el poder, maneja a su antojo los resortes de los tres poderes del Estado. Que el Estado está trufado de relaciones y por ello con sólo tener el poder ejecutivo/legislativo no vale para poder transformar la sociedad y las estructuras se conocía desde, al menos, los tiempos de Nicos Poulantzas. Pero lo que demuestra el hilo del coordinador general de Izquierda Unida es algo más, es la demostración palpable de que el Estado, sus poderes, sirve para la reproducción de las relaciones de poder dominantes. No es el gobierno el consejo de administración de la burguesía, pero su autonomía relativa es eso realmente relativa.
Tenía ganas de explicar esto con detalle. El Banco Santander es una de las entidades que mejor representa cómo funciona realmente el sistema político español. Un tipo de clientelismo en el que participan jueces, políticos y empresarios (HILO 👇) pic.twitter.com/r5uPFHErSf
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 11, 2019
Comienza haciéndose el interesante Garzón y demostrando que lo que va a exponer lo lleva dentro, bien dentro: “Tenía ganas de explicar esto con detalle. El Banco Santander es una de las entidades que mejor representa cómo funciona realmente el sistema político español. Un tipo de clientelismo en el que participan jueces, políticos y empresarios (HILO)”. Un hilo que surge a raíz de las escuchas de Villarejo y de ciertos cargos del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Algunas cosas se conocían, no eran nuevas, pero puestas todas una detrás de otra, muestran una verdad que desde el Banco de Santander se ha querido ocultar. En las escuchas se muestra a una sumisa María Teresa Fernández de la Vega, actual consejera de Estado, comentar a un interlocutor del susodicho banco que lo de su jefe, Emilio Botín, estaba arreglado. ¿Qué era lo de su jefe? Garzón lo explica con claridad: “Entre 1987 y 1991 el Banco Santander comercializó unos productos financieros -cesiones de crédito- para evitar el pago de 2.600 millones de euros en impuestos. El Banco vendía dichos productos a los clientes y movía el dinero negro usando testaferros y otras trampas”. El juez Miguel Moreiras admitió la querella presentada contra el presidente del Santander llamándole a declarar. Después de una campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra Moreiras, se decide cambiarle por la juez Teresa Palacios.
En este tiempo, el PP de José María Aznar ya había ocupado el poder monclovita, pero a Botín eso poco o nada le importaría. Así en 1998, a instancias de delincuente convicto Rodrigo Rato, la fiscalía cambio su criterio y salió en defensa de los encausados directivos del banco. Entre medias se cambió al fiscal Jesús Santos, por el mucho más conservador Eduardo Fungairiño, de nefasto recuerdo, que sería el que acabó quitando la acusación contra Emilio Botín. Por tanto el PP ya estaba a las órdenes de sus amos y señores, pues desde los tiempos de Alianza Popular, el señor Botín, como ha contado en más de una ocasión Jorge Verstrynge (en aquellos tiempos secretario general del partido), otorgaba cheques con buenas cantidades para el funcionamiento de la organización. Escandalizado Garzón advierte de esa sumisión del Estado: “Para que nos entendamos: la fiscalía -que nos representa a todos- estaba diciendo que no le importaba que el Estado -que somos todos- hubiera perdido 2.600 millones de euros… Además, la Abogacía del Estado también cambió el criterio y pidió no celebrar el juicio…”.
En 2004, pese a las presiones la Justicia avanzaba y el juicio se celebraba. Es justo en 2005 cuando comenzaba el juicio el momento en el que las asquerosas declaraciones de Fernández de la Vega se producen. Como advierte el dirigente de IU: “Recordemos que las palabras de la entonces vicepresidenta del Gobierno del PSOE son de 2005 y allí anuncian una intervención del Gobierno para salvar a Emilio Botín. El cambio de rol de la fiscalía y de la Abogacía del Estado no había sido suficiente… ¿qué podrían hacer ahora?”. Y el resultado fue: “Lo que sucedió fue que en diciembre de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Gómez Bermúdez (quedaos con este nombre) declaró el sobreseimiento del caso, de tal forma que Emilio Botín estaba salvado. Pero, ¿cómo fue esto posible?”. Javier Gómez Bermúdez sobreseyó el caso dando lugar a lo que se conoció como doctrina Botín, esto es, si Fiscalía y abogacía del Estado, por mucho que dijesen las acusaciones populares, no acusaban no se procedía a juzgar los posibles delitos contra la Hacienda Pública. Sería Rato el que, tras acusársele de haber recibido favores del Santander por haber comprado empresas suyas, reconoció que esos favores que le hacían venían de antes, de cuando movió los hilos del poder del Estado para favorecer a Botín. A lo que hay que añadir que reconoció que Fernández de la Vega ya le había dicho en 1996 que había que salvar al presidente del Santander. Luego, Rato se vería en compañía del banquero a las puertas del juzgado por el caso de Aguas de Fuensanta, de la que se libraron ellos dos, Ramón Rato, Jaime Botín y Alfredo Sáenz (número dos del Santander).
Alfredo Sáenz es más recordado por la condena a 6 años de cárcel por mangoneos en el caso Banesto y su indulto en 2011 por parte del gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero. Algo conocido y que ya fue un escándalo en su momento. Como cuenta Garzón, tras una serie de denuncias, “en 2013 el Tribunal Supremo anuló el indulto del Gobierno del PSOE, pero Emilio Botín se negó a cesar a su amigo Alfredo Sáenz. Finalmente éste se marchó dimitiendo y se llevó un pequeño honorario de… 88 millones de euros”. A Jaime Botín le imputaron en 2017 por fraude fiscal al defraudar un millón de euros, que comparado con otros no parece mucho, pero con eso se pagan unos sueldos de médicos. La coincidencia hace que quien ejerce hoy de abogado defensor de Jaime Botín es Gómez Bermúdez, el juez que inventase la doctrina Botín, pues trabaja en un bufete que es el de la familia Botín. Aprovecha Garzón para lanzar la puyita al ex-juez Baltasar Garzón que le pidió dinero, que luego no se entregó, al banco de Santander para unos cursos. Para que se vea que quien se presenta como adalid de la nueva izquierda (y van…) en Actúa junto a Gaspar Llamazares tiene su historia de relaciones con los poderosos.
Lo que sí sorprende, al amplio público sin duda, no tanto a los que sabemos cómo aprieta el banco de Santander y sus maniobras en la oscuridad para callar voces, es la historia de acoso personal sufrido por Garzón, el profesor Vicenç Navarro, el economista Juan Torres López, y Noam Chomsky, a los que el Santander impidió publicar su libro “Hay alternativas” en la editorial Aguilar, del grupo Prisa, y por tanto del banco de Santander. Realmente sí se lo publicaban siempre y cuando quitasen un capítulo sobre el banco que tenían. Se negaron y acabaron publicando en Sequitur.
Es imposible que la recordéis porque no llegó a publicarse. La editorial, perteneciente al grupo PRISA, tenía todo preparado pero en el último momento llegó una llamada desde arriba: o quitábamos una mención sobre la historia de Botín o no había libro… Buscamos otra editorial. pic.twitter.com/haWmXToVrT
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 11, 2019
Hoy en día sólo hay que seguir el caso Banco Popular en Diario 16, con el gran Esteban P. Cano al frente de la investigación, para observar cómo el poder de manipulación del poder político sigue presente en manos del Santander. Da igual que ahora esté al frente Ana Botín, sus tentáculos llegan hasta la Comisión Europea. Ninguno de los que apoyaron a Botín, salvo Rato por meter demasiado la mano en la caja(Madrid), está mal colocado y tiene su futuro garantizado. Todo aquel que se enfrenta al Santander tiene muchas posibilidades de salir mal parado, especialmente si es político. Una orden y desde diversos medios de comunicación, más los propios del Grupo Prisa evidentemente, y se lanzan campañas de acoso y derribo contra ese partido. O, más habitual, se silencia todo lo que puedan decir. Es normal que, por tanto, desde Izquierda Unida hayan pedido la presencia de la ex-vicepresidenta del PSOE en la comisión constitucional. Lo de Miguel Sebastián y el asalto al BBVA, donde Aznar puso a Francisco González para cargarse el poder de los banqueros de Neguri y así machacar al PNV y al PSE, se supo en aquellos años y no hay más que aportar. Salvo que el banco contrató a Villarejo para espiar a sus contrincantes y a unos miles de españoles más.