El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad que mejorará la calidad de vida de más de 720.000 personas y sus familias, con especial atención a las más vulnerables. Esta ley cuenta con presupuesto de 1.300 millones de euros para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible. Para ello promove la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género.
La nueva Ley se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España. Los destinatarios son las más de 720.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía (más del 61%, mujeres), lo que supone casi el 10% de la población.
María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales, ha destacado que en la elaboración del texto han participado el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia. Además, en la tramitación ha contado con la participación y ha sido debatida por agentes económicos y sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, así como los grupos políticos, que han presentado más de 400 aportaciones. «Se ha conseguido un proyecto que redundará en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad», ha matizado la consejera.
Sánchez Rubio ha agradecido la colaboración estrecha y permanente de las entidades y colectivos para garantizar los derechos ciudadanos a las personas con discapacidad.
La Ley reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno.
Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la futura ley prevé distintos instrumentos y medidas entre los que destaca la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.
También prevé el derecho a la atención infantil temprana (0 a 6 años) mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.
Las universidades andaluzas deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.
En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad. Se reserva por primera vez el 1% de puestos para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta de Andalucía, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
La ley reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente. Por otra parte, los planes de accesibilidad de las administraciones autonómica y local deberán actualizarse cada cinco años.
De igual se reconoce a los perros de asistencia, adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad.
En el área de la contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.
En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4% de las protegidas destinadas a personas con discapacidad y, como novedad, la Consejería competente en esta materia deberá regular las viviendas convertibles, que permitan fácilmente su adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades de las personas. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.
Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad. Por último, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción.
En Andalucía hay 583.018 personas (295.413 hombres y 287.605 mujeres) que tienen reconocido por los centros de valoración y orientación un grado de discapacidad igual o superior al 33% (datos a 12 de septiembre de 2017).
