El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, y el de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, han coincidido en defender la nueva senda de estabilidad que volverá a plantear el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de forma telemática.
Los consejeros, que se han reunido en Santander, se han posicionado a favor de defender los nuevos objetivos de deuda y déficit para el trienio 2019-2021 ya que esto proporcionará 2.500 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los presupuestos de 2019, que en el caso en Andalucía serán 350 millones de euros y en Cantabria son 26 millones de euros. Recursos que se podrán destinar a financiar los servicios públicos fundamentales vinculados a sanidad, educación y políticas sociales. Ramírez de Arellano, confía que la nueva senda de déficit se apruebe y esto permita ampliar en 350 millones de euros nuestra capacidad de gasto.
Por ello, Ramírez de Arellano reclama a Podemos, Ciudadanos y Partido Popular coherencia para defender en Madrid lo mismo que en Andalucía. El rechazo de estos partidos al incremento en dos décimas del techo de gasto propuesta por el Gobierno es «inexplicable». El consejero insiste en que son los partidos que han bloqueado esta senda los que tendrán que explicar a los andaluces por qué no quieren 350 millones más para financiar, por ejemplo, la ayuda a 53.000 dependientes; o para contratar a 7.000 profesionales sanitarios más; o para sumar 3.000 profesores nuevos a las escuelas andaluzas y el coste de las políticas de 0 a 3 años.
Ramírez de Arellano recuerda que el Parlamento aprobó por una amplia mayoría un dictamen con una propuesta de reforma cuyo diagnóstico comparten todos los grupos políticos de la Cámara. Andalucía contará, con la nueva financiación, con más recursos para garantizar la igualdad de los ciudadanos. «Andalucía ha mantenido una posición coherente, con las mismas reclamaciones que se vienen haciendo desde hace años, entre las que se incluye un reparto equitativo del déficit entre las comunidades autónomas y el Estado», ha dicho, finalmente, Ramírez de Arellano.
En relación al IVA, tanto el consejero de Andalucía como el de Cantabria han dicho que hay que dar una solución a un hecho que se deriva del gobierno anterior, del ministro Montoro, que afecta de una manera importante a la liquidación del 2017, que se percibe en 2019, y que en Andalucía tiene un impacto de unos 500 millones de euros.
El responsable de Cantabria en temas económicos y vicepresidente del CPFF, Juan José Sota, ha remarcado que la propuesta del Ministerio de Hacienda proporciona un mayor margen para elaborar el presupuesto regional porque la nueva senda de estabilidad propone un ajuste más suave que el aprobado por el PP, que en el caso de Cantabria lo reduce de 40 a 13 millones de euros. Además, según Sota, la propuesta del Gobierno, plantea un reparto justo de las cinco décimas adicionales proporcionadas por Bruselas, porque dos décimas van para las comunidades autónomas, dos para la Seguridad Social y una para la Administración Central del Estado.
Sota ha remarcado que «solo se explica el rechazo del PP y Ciudadanos a la nueva senda de estabilidad, más suave», por cálculos electoralista, que para nada tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía. Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el consejero ha resaltado que Cantabria siempre ha mantenido como punto de partida para acometer el nuevo sistema el coste efectivo de los servicios que hoy presta Cantabria. Y esos servicios, ha explicado, hoy están insuficientemente financiados y, por tanto, lo primero que hay que determinar, como se ha acordado en el último CPFF es calcular la insuficiencia de recursos que tenemos las comunidades autónomas para poder prestar servicios de calidad a los ciudadanos.
En esto compartimos la posición con Andalucía, ha agregado Sota. También se ha coincidido en que las relaciones bilaterales entre comunidades autónomas y el Ministerio son buenas para allanar los problemas, pero, se ha resaltado, que las decisiones sobre la financiación autonómica se debe tomar de forma «multilateral» en los órganos de representación de todas las comunidades autónomas, como es el CPFF y, posteriormente, hay que propiciar un acuerdo amplio que debe de abarcar el mayor número de partidos políticos, porque sería «bueno para la estabilidad» de las comunidades autónomas y bueno para España y sus ciudadanos.
