La Junta de Andalucía destinará 800 millones de euros para reforzar la atención a la dependencia en menores de 6 años, aportados por las Consejerías de Educación, Salud, Fomento y Vivienda y la de Igualdad y Políticas Sociales de acuerdo con el Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla. Hay 4.199 personas menores de 6 años (2.733 niños y 1.466 niñas) que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Este es el primer plan de estas características que aprueba una comunidad autónoma en desarrollo de la Ley estatal de Atención a la Dependencia. El objetivo es promover la autonomía personal y facilitar la inclusión familiar, escolar y social no sólo de los niños en situación de dependencia sino también de los que están en riesgo de desarrollarla.
Desde su puesta en marcha el pasado abril, Andalucía ha aumentado en 532 el número de niños atendidos en el sistema de autonomía de atención a la dependencia de cero a seis años. La población infantil susceptible de beneficiarse de las medidas del plan son cerca de 20.000 menores que están registrados en el Sistema de Atención Temprana del Servicio Andaluz, más de 6.000 con necesidades educativas especiales, más de 4.000 con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y más de 2.000 niños en situación de dependencia reconocida.
Desde el inicio del plan se han ido reduciendo los tiempos de espera y ha aumentado el tiempo de las sesiones de los profesionales con los menores, pasando de 45 minutos a una hora.
El plan se articula sobre nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales. Entre otras actuaciones, incluye medidas preventivas entre las que destacan el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados.
En caso de detectarse un trastorno en el desarrollo de los menores, se asegura una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Además, se prioriza a esta población en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia y en la intervención y atención en los casos que lo requieran.
