María Jesús Montero ha defendido la creación de un fondo de sostenibilidad que garantice un «mínimo» de prestación de los servicios públicos en el conjunto del territorio nacional. Este fondo se constituiría con recursos estatales y autonómicos generados en años de bonanza económica, lo que permitiría atenuar los efectos del ciclo sobre los ingresos públicos.
Montero ha explicado la posición de Andalucía sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Andalucía ha sido una de las comunidades más perjudicadas por la aplicación del modelo vigente, con el que ha dejado de percibir 5.522 millones de euros.
La consejera ha hecho hincapié en la necesidad de definir «qué modelo de sociedad queremos y qué servicios queremos que nos respalden y atiendan», así como destinar los recursos suficientes para poder «vertebrarlos y blindarlos, con seguridad, calidad y respaldo social». Ha reclamado una distribución «equilibrada de esfuerzos» y la determinación de «criterios objetivos» para evaluar las necesidades de gasto, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos «vivan donde vivan» tengan acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.
El desarrollo del Estado de las Autonomías ha permitido la consolidación de los principios de igualdad y solidaridad del Estado de Bienestar; sin embargo, la crisis ha sido la «coartada» de quienes no creen en este modelo y propugnan resolver el problema territorial con la vuelta a un Estado autonómico asimétrico. «No son inocentes los ataques hacia el modelo que recoge la Constitución, porque la recentralización supone un vaciado de competencias que a la postre deriva en un ataque a la línea de flotación de los servicios públicos», ha subrayado María Jesús Montero.
La reforma del modelo de financiación autonómica supondrá una negociación política difícil, donde «Andalucía no va a ser la olvidada». «Queremos que los andaluces tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano español y eso exige una financiación justa, suficiente y equitativa», ha reivindicado. Por ello, ha confiado en que el grupo de trabajo que se va a constituir en el Parlamento supere la dinámica de confrontación política, concite el máximo apoyo social y económico y concluya en una posición «única» de Andalucía ante la reforma del modelo de financiación.
Suficiencia financiera
Según ha explicado, el modelo que defenderá el Gobierno andaluz en el debate de la financiación se construye sobre cinco pilares: la suficiencia financiera, la corresponsabilidad y autonomía fiscal, la equidad, la sostenibilidad y la lealtad institucional. Así, además de la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, Montero ha apostado por una distribución vertical «consensuada y razonada» de los recursos financieros disponibles y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. A su juicio, la manera «más justa» sería utilizar los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades autónomas suponen en el gasto público total y aplicarlos a los ingresos del Estado.
Asimismo, ha rechazado la nivelación parcial actual y ha propuesto una nivelación total que incluya el conjunto de los servicios públicos, para evitar descuidar gastos no considerados fundamentales como cultura, regulación económica o inversión pública, lo que puede deteriorar considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos a medio y largo plazo.
La consejera se ha referido a cuestiones metodológicas que debería considerar el nuevo modelo de financiación como la determinación «razonable» de las necesidades globales de gasto y, aun considerando la dificultad de calcular los costes unitarios, ha apuntado a los presupuestos liquidados de las comunidades autónomas para determinarlos. Del mismo modo, ha defendido la referencia de la población ajustada para la configuración de los servicios públicos fundamentales, ya que son fundamentales las variables y ponderaciones que se utilicen para su determinación, «o se perpetuarán las diferencias», ha alertado.
Montero también ha apuntado la necesidad de acometer un proceso de armonización fiscal «efectivo» de figuras tributarias, como el Impuesto de Sucesiones, que se han convertido en herramientas de competencia entre comunidades con el consiguiente rechazo social que llevan aparejado. Igualmente, ha propugnado la desactivación progresiva de los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y el Fondo de Proveedores, lo que requeriría un proceso de transición, con sus correspondientes compensaciones, y la definición de instrumentos alternativos de emisión de deuda.
