El Gobierno andaluz no va a modificar la jornada presencial de los empleados públicos ni rescindirá ninguno de los contratos realizados con motivo de la aplicación de las 35 horas en la comunidad autónoma. Así lo ha confirmado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada de 35 horas que entró en vigor el pasado 1 de enero.
En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha trasladado un «mensaje de tranquilidad» a los más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía en el sentido de que no van a ver afectada su jornada presencial en los centros de trabajo. Montero ha avanzado que el lunes 18 llevará a la Mesa General de negociación común con las organizaciones sindicales un acuerdo para incorporar en el cómputo de la jornada laboral las actividades y tareas que los trabajadores habitualmente ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, como preparación de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación ‘online’, entre otros.
Se trata de «un paso adelante en el reconocimiento de las tareas que se vienen desarrollando habitualmente para complementar las 37,5 horas que mandata el Constitucional», ha manifestado. Según ha explicado, la incorporación de este tiempo al cómputo de la jornada era una aspiración de las organizaciones sindicales en el que ya se venía trabajando. Una vez adoptado el acuerdo, será aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del martes 19.
Montero ha lamentado el «silencio vergonzante» del Partido Popular, que recurrió las 35 horas a los nueve meses de su implantación una vez que todas las medidas organizativas se habían llevado a cabo, mientras que el ministro Cristóbal Montoro parecía receptivo a negociar con el Gobieno andaluz una solución para las 35 horas «de la que nunca supimos nada y eso nos hizo sospechar que habían cambiado por algo inexplicable de posición». Asimismo, ha criticado que se pronunciaran en contra del levantamiento de la suspensión cautelar «a pesar de que Sanz y Moreno Bonilla comunicaron públicamente a los sindicatos que iban a mediar y que se iba a solucionar el problema». «O han mentido o no nos dijeron en aquel momento la verdad de lo que iba a hacer el Gobierno», ha subrayado.
En este sentido, ha acusado al Gobierno central de aprovechar las medidas transitoriasque se aplicaron durante la crisis para «robarle un derecho que los empleados publicos de Andalucía habían conquistado a través de la negociación colectiva«. Por ello, ha exigido que se articulen los mecanismos necesarios que permitan volver a la situación previa a la crisis y que los Presupuestos Generales del Estado regulen las 35 horas para todo el Estado. «El Gobierno nunca creyó en las 35 horas, un derecho de los trabajadores públicos, un derecho conquistado por las organizaciones sindicales y me temo, y espero estar equivocada, que el Gobierno de España no se haya llevado la jornada de 35 horas para siempre».
