Iniciamos un nuevo año que para 305.000 familias es crucial. No sólo los afectados por la intervención del Banco Popular están perplejos ante la pasividad de la Justicia sino que miles de personas no se explican cómo, ante las evidencias de graves irregularidades legales de toda la operación que terminó con la compra por un euro de la sexta entidad financiera del país, los tribunales aún no hayan adoptado medidas cautelares que detengan al Santander en el desguace del Popular y, por tanto, el desamparo de las víctimas.
Sin embargo, comienza este 2.018, el año de la esperanza para los afectados del Popular porque, tal y como dijo Manuel Domínguez Moreno, nuestro presidente y editor, en varias de las presentaciones de su libro Banco Popular. Una Operación Diabólica, «es imposible que, con las pruebas que hemos presentado, la Justicia no dictamine en favor de los afectados». Esto es cierto desde la lógica de quien tiene en su poder todos los documentos que demuestran que la caída del Popular fue la consecuencia de una operación planteada, diseñada e implementada desde las más altas esferas políticas, económicas y sociales de este país con el apoyo imprescindible de otras élites internacionales del mismo carácter. El Director de Contenidos de Diario16, José Antonio Gómez, también explicó en otra ocasión que «las élites se protegen entre ellas y actúan como las manadas de lobos y si, para salvar a uno de sus miembros tienen que matar a uno de los más débiles, lo hacen porque lo que está en juego es el futuro de toda la manada».
Todos nuestros lectores, todos los afectados, ya conocen los documentos que hemos publicado, una documentación que ya hubiera sido suficiente para que el juez Fernando Andreu hubiese tomado medidas cautelares porque demuestran claramente cómo toda la operación se inició mucho antes, incluso, de que Emilio Saracho accediera a la presidencia del Banco Popular. En esos documentos se puede comprobar claramente cómo el propio Saracho ocultó a los miembros del Consejo de Administración las ofertas de ampliación de capital recibidas en los días previos a la intervención, ofertas realizadas por Barclays y por Deutsche Bank por un valor conjunto de 8.000 millones de euros, cantidad que hubiese sido más que suficiente para salvar la situación del Popular; en esa documentación comprobamos cómo Saracho planteó la situación de inviabilidad al Consejo de Administración siguiendo escrupulosamente las instrucciones recibidas del despacho de referencia del Santander; en esa documentación podemos ver cómo el documento que se envió a la JUR declarando la inviabilidad del Popular no tiene validez puesto que no está consignado, además de que no se sabe quién la firma ya que la firma que aparece no coincide con la de Emilio Saracho, por lo que, tras un análisis pericial, podríamos colegir que se trata de un documento presuntamente falso.
Todo estaba diseñado para rescatar al Santander y los documentos que hemos publicado y presentado ante la Audiencia Nacional así lo demuestran. En este 2.017 hemos hecho públicos documentos en los que el bufete de referencia del Santander señala al Banco Popular el protocolo de actuación el día de la resolución, el «Día R»; documentos del FROB en los que se puede apreciar cómo todo el proceso para intervenir al Popular se inició el mismo día en que se recibió la oferta de Barclays, las comunicaciones con las entidades de cara a la subasta que se celebraría el fin de semana del 9 al 11 de junio, la selección de dos entidades (BBVA y Santander) como únicos candidatos, la negativa del FROB a dar más tiempo al banco vasco una vez que se adelantaron las fechas, la publicación el lunes 5 de junio del cronograma de la resolución.
También hemos hecho públicas las cifras del rescate al Santander a través de las auditorías independientes, tanto nacionales como internacionales, que coincidían en que el banco presidido por Ana Patricia Botín se iba a embolsar en sus cuentas una cantidad que superaba los 43.000 millones de euros en el final del ejercicio 2.017, un rendimiento que, evidentemente, un banco quebrado jamás daría.
Este es un resumen muy amplio de la documentación publicada en Diario16 hasta este momento. Sólo con las conclusiones que se sacan de todos esos documentos la Justicia ya tendría que haber adoptado algún tipo de medida para evitar un mal mayor del que ya se ha creado. Sin embargo, hay muchos más documentos a los que hemos tenido acceso o que, directamente, obran en nuestro poder, documentos que serán publicados en este 2.018 y que son la demostración absoluta de que todo estaba organizado, diseñado y planteado para que únicamente fuera el Santander quien se hiciera con el Popular.
Por esta razón y porque en Diario16 creemos en la Justicia, el 2.018 es el año de la esperanza para las 305.000 familias afectadas por esta presunta estafa.
Todo este trabajo de investigación que estamos realizando no tiene más finalidad que devolver a los afectados lo que es suyo y que les fue arrebatado con premeditación, nocturnidad y alevosía en el mes de junio, un trabajo que no es sólo de Esteban Cano, sino que hay un equipo de más de 10 personas empezando por el propio Manuel Domínguez Moreno, que fue quien se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo que se salía de lo normal en el Popular ya en el otoño de 2.016 y comenzó la investigación, continuando por el director de contenidos, José Antonio Gómez, mis compañeras Claudia Moreno, Pilar Santo Domingo, nuestro corresponsal en Norteamérica Juan Carlos Deus Iglesias, y, por supuesto, con el apoyo de todos los periodistas y compañeros que conforman Diario16. Sin todos ellos, nada de esto hubiera sido posible. La realidad es que ya hemos sufrido las consecuencias de nuestra independencia y de ejercer nuestra libertad. Cuando comenzamos esta investigación, Banco Popular era uno de nuestros clientes e, incluso, lo siguió siendo cuando ya empezamos a publicar los primeros aspectos de la «Operación Washington». Sin embargo, cuando el Popular ya pasó a formar parte del «Grupo Santander» ese contrato no fue renovado, un comportamiento propio de quien no respeta ni conoce el fundamento principal sobre el que se sustenta en verdadero periodismo: el control de los poderes. Supeditar la financiación vía publicidad de un medio de comunicación histórico como es Diario16 al silencio es una imposición autoritaria al que algunos estarán dispuestos a someterse, pero nosotros no. Somos libres, somos independientes, y, por ello, seguiremos investigando para que el 2.018 se convierta en el año en que las 305.000 familias afectadas del Banco Popular recuperen lo que les fue arrebatado.
Feliz Año Nuevo.
