Las familias productoras de energía solar fotovoltaica se han quedado a tan sólo 5 votos en el Congreso de los Diputados de ver eliminada la amenaza de un nuevo y drástico recorte, previsto para diciembre de 2019, que les obligaría a volver a renegociar las condiciones de refinanciación de sus instalaciones para prolongar los años de pagos en condiciones más exigentes.
En el debate sobre los PGE, se presentó una enmienda que, aunque no ha prosperado en esta ocasión, sí podría contar con la mayoría necesaria en unos meses, en la tramitación de los presupuestos de 2018, siempre que las fuerzas políticas que ayer apoyaron con su voto mantengan su postura, y que Unión del Pueblo Navarro, sea coherente y cambie el sentido de su voto, que ha resultado negativo en este caso, a pesar de que siempre ha expresado su apoyo a este colectivo.
La propuesta de enmienda, que hubiera evitado un nuevo caos sectorial y el colapso definitivo para las familias fotovoltaicas, que con muchas dificultades y refinanciaciones pudieron soportar los anteriores recortes retroactivos a la espera de justicia, ha sido impulsada por Compromís, y contaba con los apoyos de: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo mixto.
Sin embargo, Ciudadanos, que en su programa electoral prometía estabilidad para este colectivo, ha decido no apoyar la propuesta. De esta manera, la enmienda no ha logrado la mayoría necesaria y el sector se mantiene expuesto a nuevos recortes retroactivos, diseñados por la reforma energética del Partido Popular, mientras a los inversores internacionales se les va a reparar todo el daño causado. El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha expresado que “si Albert Rivera no hace nada por cumplir con lo que su partido nos prometió de palabra y plasmó en su programa electoral, tanto en lo que se refiere a la restitución de la seguridad jurídica de las 62.000 familias españolas como a la retirada del impuesto al sol, debería predicar con el ejemplo y hacer lo que él mismo exige a los líderes políticos que no cumplen sus compromisos con los españoles: dimitir y no concurrir a las próximas elecciones generales”.
Con o sin el apoyo de Ciudadanos, el escenario podría cambiar en el trámite de aprobación de los presupuestos de 2018, previsto para finales de este año. Anpier espera que se logre una mayoría suficiente y, para ello, ha alcanzado un compromiso con el partido Unión del Pueblo Navarro, que ha votado en contra en esta ocasión, pero se ha comprometido a sumar a sus dos diputados para el trámite de Presupuestos de 2018, con lo que la propuesta de enmienda podría alcanzar la mayoría necesaria. El próximo día 9 de junio, el presidente de Anpier mantendrá un encuentro en Pamplona con el presidente de UPN para certificar públicamente este compromiso.
Martínez-Aroca hace un llamamiento público “a todos esos diputados del Partido Popular y de Ciudadanos que nos dan la razón en privado y luego votan en nuestra contra. Les pido que la próxima vez voten, lo hagan en conciencia y no por seguidismo mesiánico y abnegado a oscuras indicaciones partidistas, porque traicionan a la justicia, su deber como representantes de la ciudadanía y al propio espíritu de la democracia. La próxima vez que voten han de recordar que el Estado indemnizará a los inversores extranjeros y ellos, con su voto, destrozarán a sus nacionales y, en muchos casos, a aquellos que le sentaron en ese escaño”
Con la enmienda, que se volverá a presentar en unos meses, se eliminaría la posibilidad de que las instalaciones fotovoltaicas queden vinculadas a una nueva revisión, prevista para diciembre de 2019, que mermaría únicamente las retribuciones de las instalaciones en propiedad de ciudadanos españoles a partir de esa fecha, puesto que el Banco Mundial protegerá los intereses de las instalaciones propiedad de los fondos internacionales, a la vista del primer Laudo del CIADI conocido, que califica esta reforma como “profundamente injusta” y condena al Estado español a indemnizar el grave daño ocasionado.
La variable que contempla el actual marco diseñado por el Gobierno del Partido Popular, referencia las retribuciones al bono español a 10 años, como quiera que cuando se aprobó la norma, en plena crisis financiera, este índice estaba en el entorno del 6% y ahora, recuperada la estabilidad, se encuentra en el 1,5% y sin que sea probable que supere el 2% en los próximos ejercicios, las familias fotovoltaicas españolas encajarían un recorte automático del 20%, que se sumaría a todos los ya soportados.
