El TSJA ha expedido un auto por el cual se archiva la causa por presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación. Entiende el juez Carlos Mahón que no existen “indicios racionales” de que las 30 personas hayan cometidos tales delitos.
El ex-consejero de Economía e Innovación concedió ayudas por valor de más de cinco millones de euros, las cuales el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a 94 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico para financiar los gastos que se derivaron de los diferentes expedientes de despido laboral al terminarse esos consorcios en 2010.
Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la que impulsó a la judicatura para abrir el proceso basándose en un informe de la Cámara de Cuentas para cada una de las unidades territoriales. Las cuatro Utedlt de Sevilla fueron las que el juez investigó y por lo que Ávlia y 29 personas más se vieron investigadas
Para el archivo del caso, el juez ha tenido en cuenta que la jefa de servicio de Promoción del Desarrollo Local explicaba en un informe que existía un “evidente interés público y social de las subvenciones, toda vez que las mismas tenían como finalidad hacer frente a los despidos”. Como esta situación excepcional estaba recogida en la Orden de 2004 de las Utedlt no cabía otra forma que adherirse a esa excepcionalidad.
De ello el juez entiende que todas las actuaciones de Ávila se ajustaron al correcto desarrollo administrativo y es “ajustada a derecho al haberse aprobado la concesión de las ayudas excepcionales conforme a la ley que las regula”. También recuerda que la Fiscalía acabó incoando el expediente de la Cámara de Cuentas al advertir que no existía nada penalmente reprochable en la actuación del ex-consejero.
Es cierto que, de acuerdo al informe, existen una serie de irregularidades relativas al control efectivo de la gestión realizada, esto es, que hubo descontrol. Pero a nivel penal carecen de toda relevancia. Existió dolo administrativo en las diversas irregularidades descubiertas pero no delito y menos algo fraudulento. Además, la mayoría de las contrataciones se realizaron en 2004 por lo que advierte el juez que muchas estarían ya prescritas.
