La campaña Armas Bajo Control organizada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón ha exigido el fin del secretismo en la venta de armamento español a Arabia Saudí y la falta de control del uso de las armas exportadas, prácticas que quedan patentes en el informe “Armas sin control: Un oscuro negocio Marca España”.
Los directores de las cuatro ONG han reclamado a la Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno español, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso que regula el comercio de armas, el cese de las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí que puedan usarse en el conflicto de Yemen. Los directores de las ONG han hecho esta petición en una rueda de prensa a bordo del barco Esperanza de Greenpeace en el puerto de Bilbao, de donde, según los informes recibidos, en el último año han partido más de 300 contenedores con explosivos con destino a Arabia Saudí que podrían ser usados en el conflicto de Yemen.
Según la ONU, desde marzo de 2015, al menos 5.144 civiles han perdido la vida y 8.749 han sido heridos en Yemen, donde las partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad y casi 19 millones de personas desplazadas dependen de la ayuda humanitaria.
El informe de estas cuatro ONG denuncia que los más de 650 millones de euros de armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen, en marzo de 2015, son un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la legislación española y europea y del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como de la opacidad y falta de control existente en el sector cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas.
El informe hace un recorrido por todo el proceso de aprobación de las exportaciones y seguimiento posterior de las armas exportadas y manifiesta toda una serie de dudas razonables muy preocupantes: ¿Hace el Gobierno una evaluación rigurosa, caso a caso, de cada transferencia de armas a Arabia Saudí según los criterios establecidos en la legislación? ¿Cómo puede tener la certeza de que no se están usando en el conflicto de Yemen? ¿Qué tipo de seguimiento hace España en el terreno? ¿Tiene el Gobierno español la certeza de no estar siendo cómplice de crímenes de guerra?
Las autoridades no han dado una respuesta satisfactoria a estas y otras preguntas clave. El hecho de que las actas de la Junta Interministerial que aprueba las exportaciones de armas sean secretas por un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1987, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, imposibilita la rendición de cuentas adecuadas sobre las exportaciones de armas. El informe, además, expone las carencias del sistema español de control del uso de las exportaciones realizadas, analiza las claves de la autorización de las exportaciones y examina la apuesta gubernamental por la exportación de armas.
Las conclusiones del informe reflejan la urgente necesidad de poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí que puedan utilizarse en Yemen, revocando las ya aprobadas y no negociando nuevos contratos, además de adoptar medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo del uso de las armas previo a las autorizaciones, el control del uso de las armas exportadas y la necesidad de control parlamentario previo de determinadas exportaciones sensibles. El informe hace ocho recomendaciones al Gobierno y los grupos parlamentarios, entre las que destacan la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley con motivo del 10º aniversario de su adopción y que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, impulsada por el PNV, se adecúe a las normas internacionales de derechos humanos.
