Bankia es el ejemplo del desastre que supuso una parte de nuestro sistema financiero por los desmanes perpetrados durante la burbuja inmobiliaria y por dejar la gestión de entidades de crédito a personas sin experiencia o que se pasaron de listos, personas que accedían a puestos de responsabilidad con el beneplácito de los partidos políticos o los sindicatos, personas que son las máximas responsables del mayor desfalco a las arcas públicas de la historia de España. La gestión de las cajas de ahorro fue tan desastrosa que, para intentar salvarlas, se hizo necesaria la fusión para, en primer lugar, reducir el número de entidades y, en segundo lugar, crear una especie de fondo de solidaridad en la que las que tenían beneficios cubrieran con éstos las pérdidas de las que estaban en números rojos.
Bankia fue la joya de la corona del Partido Popular porque prácticamente la totalidad de las entidades que se fusionaron estaban controladas por el PP: Caja Madrid (PP Madrid), Bancaja (PP Valencia), Caja Segovia y Caja Ávila (PP Castilla y León), La Caja de Canarias (CC), Caixa Laietana (CiU) y Caja Rioja (PP La Rioja). Las dos principales, Caja Madrid y Bancaja representaban los órganos financieros del Partido Popular en sus dos territorios donde más poder acumulaba, los dos territorios donde, por qué no decirlo, han saltado los casos de corrupción más graves y que están siendo juzgados en estos momentos por diferentes órganos judiciales.
El origen de este desastre hay que buscarlo incluso antes de la creación de Bankia. En el año 2004 España vivía en plena burbuja inmobiliaria, ciega por la prosperidad económica, por la construcción de más de medio millón de viviendas anuales, por una tasa de desempleo inferior al 10% y con una creación constante de puestos de trabajo. Caja Madrid genera beneficios multimillonarios y, a pesar de ello, la realidad es muy otra. Ya en aquellos años los inspectores del Banco de España advirtieron que la actividad de la promotora inmobiliaria de Caja Madrid por su elevado nivel de riesgo de recuperar los créditos concedidos. Dos años más tarde los mismos inspectores inciden en que la salud de la Caja era aceptable, pero con tendencia a la baja porque el riesgo hipotecario se estaba incrementando y las estrategias comerciales de la entidad eran muy cuestionables. Además, advierten de que se están concediendo hipotecas con demasiada alegría incrementando el precio de tasación de las viviendas hasta un 80%. A partir de ese año el ladrillo se convirtió en la tumba de Caja Madrid.
Los avisos de los inspectores se convierten en alertas en 2009: «El riesgo de promoción dispuesto asciende a 22.915 millones de euros, lo que representa casi el 20% del total del riesgo crediticio». La crisis acaba de estallar, como quien dice, y la morosidad se dispara. La estrategia para recuperar el dinero prestado se centró en adquirir activos de los promotores con elevados costes. Un ejemplo de ello lo tenemos en el crédito fallido de Martinsa-Fadesa por 1000 millones de euros o el préstamo de 4000 millones para un negocio de oficinas concedido a Metrovacesa y que obligó a Caja Madrid a quedarse con un porcentaje de la constructora. La documentación intervenida en distintas causas judiciales demostró que, durante esa época, en que la entidad estaba presidida por Miguel Blesa, se despilfarró sin control.
Entre el año 2009 y 2010 se producen dos hechos fundamentales para entender el futuro de la entidad. En primer lugar, la lucha dentro del Partido Popular por hacerse el control de Caja Madrid entre Aguirre y Rajoy en la que al final se impuso éste colocando como presidente a Rodrigo Rato. En segundo lugar, la reestructuración del sistema bancario a través de las fusiones apuntaladas con dinero público. A mediados de 2010 Caja Madrid se fusiona con Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caixa Laietana, La Caja de Canarias. Desde el PP se recibe esta fusión con casi euforia. Habían creado una entidad en la que tenían todo el control y se encontraba por encima de La Caixa. La fusión se produjo con el aval del Banco de España y del Ministerio de Economía, pero hay un dato que deja en el aire que fue un aval otorgado en falso: Bancaja tenía el doble de morosidad que Caja Madrid con la mitad de tamaño y su riesgo inmobiliario asustaba.
En 2011 Bankia necesita capital para poder superar los test del Banco Central Europeo y comienza a cotizar en bolsa. Se envía una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que se indica que la entidad tiene liquidez cómoda y riesgo inmobiliario insignificante. El tiempo ha demostrado que no era así. Aquí surge una duda: ¿conocían los inspectores del Banco de España la situación real de Bankia? Según Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el organismo supervisor lo único que hizo fue no oponerse a la salida a bolsa. José Antonio Casaus, inspector del Banco de España, entregó al juez Andreu correos electrónicos en los que se indicaba a sus jefes de supervisión que la salida a bolsa de Bankia no iba a funcionar y que provocaría un grave quebranto a los contribuyentes.
En 2012 llegó el rescate que el gobierno niega que sea un rescate. Bankia fue nacionalizada y Rodrigo Rato fue destituido para poner al frente de la entidad a José Ignacio Goirigolzarri. Ese rescate supuso a los españoles un total de 12.346 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. En este tiempo el ex directivo del BBVA ha ido encauzando la entidad con la intención de ponerla en el camino de la privatización que tendrá que darse como muy tarde en el año 2019.
Los resultados de Bankia han ido mejorando a lo largo de estos 5 años y ya se encuentra en beneficios. Este hecho y que sea el Estado quien es el máximo accionista está haciendo que se la esté utilizando para el «rescate» de otras entidades en apuros a través de la compra/fusión por parte de Bankia de dichas entidades. Ahí tenemos el caso de BMN.
Sin embargo, a pesar de las presiones ejercidas desde sectores económicos, empresariales y gubernamentales, José Ignacio Goirigolzarri está aplicando la lógica de quien ha sido banquero durante toda su vida. Estudiar las operaciones y no lanzar a Bankia hacia aventuras que, como hemos visto en líneas anteriores, llevaron a las cajas de ahorro a la ruina.
La presión más fuerte para meter a Bankia en estas operaciones de compra viene de parte del Ministerio de Economía quien, ante las presiones de Europa, busca a través de la adquisición de otras entidades de rentabilizar el dinero del rescate, dinero del que ya se da por irrecuperable la cantidad de 23.600 millones de euros.
La actitud del Ministerio de Economía, de la CNMV y del propio Banco de España al mirar hacia otro lado en operaciones que a los pequeños ahorradores, a los pequeños accionistas y a los trabajadores de distintas entidades les va a provocar graves perjuicios económicos o la pérdida de sus puestos de trabajo, es irresponsable. Lo mismo que la presión sobre otras entidades bancarias para que compren a los bancos desguazados por operaciones bajistas para poder cumplir con objetivos impuestos desde instituciones a las que no les importa ni los clientes, ni los accionistas, ni los pensionistas, ni los trabajadores.
El caso de BMN y la fusión con Bankia a través de las presiones que se ejercieron desde el Ministerio de Economía es el mejor ejemplo de ello. BMN, a pesar de que aún está nacionalizado, fue adquirido por un grupo de inversores a través de una operación pergeñada por el ex parlamentario del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte, una adquisición que, además, fue lograda cuando no era la mejor oferta presentada. Esta operación está encaminada a que Bankia se fusione con BMN para que estos inversores logren plusvalías de las cantidades aportadas en el momento en que ambas entidades se privaticen, cantidades que, por cierto, aún no han sido abonadas en su totalidad. El argumento que se ha dado desde las entidades gubernamentales para provocar esta fusión es que el Estado recuperará más de 400 millones más en la privatización total que si se hiciera ese proceso por separado. Sin embargo, las razones son otras.
El movimiento de De Guindos al presionar a Bankia está encaminado precisamente a lograr que la entidad rescatada logre una revalorización a través del incremento de activos y de zonas de influencia, una revalorización que se traduzca en un incremento del valor en bolsa que permita cumplir con los objetivos impuestos por Europa para la privatización prevista para el año 2019. Sin embargo, José Ignacio Goirigolzarri se resistió e incluso aplazó la fusión en primer lugar porque había que hacer muchos números para ejecutar la operación con lógica financiera y no sobre estimaciones. Todo un ejemplo de responsabilidad en la gestión de una entidad bancaria.
El hecho de que Bankia esté siempre en todas las salsas tiene su lógica por la importancia de la entidad y, sobre todo, por la gestión eficiente que ha hecho el actual presidente. Lo que no tiene tanta lógica es que desde el Ministerio de Economía se utilice a Bankia como comodín para querer implementar operaciones dentro del sector financiero que, en realidad, tienen otros fines mucho más espurios, operaciones que, por cierto, suelen tener el beneplácito de la CNMV y del Banco de España por acción o por omisión de su deber de supervisión.
