El Banco de España no se encuentra en sus mejores momentos y, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo su credibilidad como entidad supervisora del sistema financiero español. Ya son demasiados escándalos como para que no reaccione y se enfrente a una reforma integral.
La salida a bolsa de Bankia ya generó inseguridad en nuestra economía. La última la tenemos con el caso del Banco Popular y la no intervención ante las evidencias de que se estaba ejecutando una operación orientada a la pérdida del valor bursátil de la sexta entidad del país para lograr un precio por el que pudieran ser adquirida por otras entidades que cubrieran los intereses económicos y políticos de los que se encontraban detrás de la misma. Que un órgano como el Banco de España haya permitido la descapitalización del Popular para su posterior compra por parte del Santander por un euro da una idea del servilismo a los intereses de las élites al que se ha llegado.
Hoy el Banco de España ha reconocido que el 70% de las ayudas que los españoles destinaron al rescate del sistema financiero no se van a recuperar. Más de 27.000 millones de euros. Aún resuenan las palabras del ministro Luis de Guindos cuando anunció a bombo y platillo que España recibiría un «crédito en condiciones muy favorables» para rescatar a la banca, principalmente a las cajas de ahorro. El propio ministro afirmó que los españoles no tendrían que poner un euro o que ese dinero no entraría en el cálculo del déficit público. Además, negó que se tratara de un rescate. Todo falso como los hechos posteriores se han encargado de demostrar: fue un rescate, los españoles hemos puesto de nuestro bolsillo miles de millones de euros para salvar a una parte de nuestro sistema bancario y las cantidades de dicho rescate sí que se computan como gasto para calcular el objetivo de déficit.
El documento presentado hoy, documento que será la base que el Banco de España presentará en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis de 2.008, hace un balance de la supervisión que la entidad hizo de la crisis económica y bancaria. El informe reconoce que no se previó la intensidad de la recesión en el año 2.008 ni se detectaron las causas de la misma.
También señala a las cajas de ahorro como un instrumento político y que no estaban dirigidas por profesionales de la banca, lo que generó en una dinámica de concesión loca de créditos sin una estrategia de control de riesgos adecuada. Sin embargo, el informe pasa de largo sobre la responsabilidad que tuvo el Banco de España en la no detección de estas operaciones o políticas claramente incorrectas que llevaron a tener que ser rescatadas por un importe total que, según el supervisor, ya está por encima de los 60.000 millones de euros.
Hay un dato del informe que revela que el optimismo por el crecimiento económico del Gobierno es una impostura, ya que el propio órgano supervisor reconoce que los efectos de la crisis aún no se han superado, pero se quita la responsabilidad de la no detección de la recesión a pesar de que tanto los mercados como el entorno económico daban claras señales de que así iba a ser.
