Las medidas del Gobierno socialista para frenar la pobreza energética no terminan de dar resultado. Si bien es cierto que la factura de la luz del mes de octubre ha bajado un 2,3 por ciento, situándose en 62,40 euros y frenando la tendencia alcista de los últimos cuatro meses, el dato interanual no es bueno, ya que la subida del recibo ha sido del 4,3%, un porcentaje considerado malo por los expertos.
Facua critica que el Gobierno siga sin emprender un plan integral de alcance para abaratar el recibo de la luz y considera que las medidas que ha puesto en marcha en los últimos meses, como el bono social energético, no han dado el resultado esperado. Pese al interés del Ejecutivo de Sánchez por controlar un problema que afecta directamente a más de 4 millones de españoles, la luz sigue siendo más cara hoy que hace un año para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada.
“Las escasas actuaciones que ha dado a conocer el Ejecutivo de Pedro Sánchez no producirán una bajada significativa en un infladísimo recibo al que cientos de miles de familias ni siquiera pueden hacer frente”, denuncia la asociación. En julio, el recibo fue de 78,39 euros, en junio se situó en 76,71, en mayo en 75,34, en abril en 69,94, en marzo en 69,46, en febrero en 76,32 y en enero en 74,81 euros. Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada representó 81,18 euros, correspondiente a las tarifas de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de este año.
Partidos políticos como Podemos han pedido al Gobierno que sea más ambicioso a la hora de tratar de reducir las cifras de pobres energéticos en España. Para ello, la formación morada propone cobrar un impuesto a las grandes compañías eléctricas con el que se compensaría la factura de la luz que no pueden pagar cientos de miles de familias españolas. Sería algo así como un impuesto a la banca aplicado a las eléctricas. En el programa electoral del partido de Iglesias figuran medidas mucho más drásticas en este aspecto, como nacionalizar empresas que abastecerían de unos servicios energéticos mínimos a la población. Esa línea que se desliza entre dejar que el mercado fije sus tarifas según la cruda ley de la oferta y la demanda, siguiendo los dictados del liberalismo salvaje, y garantizar unos servicios básicos a la ciudadanía, como correspondería a un auténtico Estado de Bienestar, es la que todavía hoy separa al socialismo de corte moderado del socialismo real.
Por su parte, la asociación Facua trasladó el pasado mes de septiembre al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de la asociación. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los doce meses comprendidos entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.
La principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kilovatios de potencia contratada y determinados límites de consumo. “El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores”, asegura Facua.
La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy “fue un fracaso aún mayor” que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. En este sentido, los leves cambios introducidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez siguen sin garantizar descuentos significativos y mantiene unos niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él –salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse de todas las medidas–.
