La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá,
reiteró ayer jueves «la defensa del Gobierno regional a la libertad de
elección por parte de las familias de los centros educativos y la
enseñanza de sus hijos».
Estas afirmaciones las ha realizado tras la aprobación de la nueva orden
de conciertos educativos de la Región asegurando que éste “no perjudica
ni supone ningún despido en la enseñanza pública, ya que es una orden
diseñada única y exclusivamente para aportar estabilidad al
funcionamiento de los centros concertados que eligen 75.000 familias en
la Región y en la que trabajan cinco mil docentes”.
En este sentido, la nueva Orden establece el procedimiento para aplicar
el régimen de conciertos educativos entre los cursos escolares 2017/2018
y 2022/2023 en la enseñanza concertada “con unos criterios de valoración
justos y racionales, garantizando en todo momento la complementariedad
con la enseñanza pública”, añadió la consejera.
«Para ello, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes establecerá
los criterios de acceso a posibles conciertos educativos de unidades de
Bachillerato y Formación Profesional, que se basan en la existencia de
necesidades de escolarización y demanda social». Queda pendiente aún de
convocar la próxima semana la Mesa Sectorial de la enseñanza concertada.
Según la consejera popular Martínez-Cachá “con las medidas de apoyo y
refuerzo del sistema educativo puestas en marcha por el Gobierno
regional beneficiamos a todo el alumnado, tanto de la enseñanza pública
como de la concertada”, y recordó que “el número de docentes en la
enseñanza pública se ha incrementado durante los últimos años”.
“Nuestro objetivo es continuar trabajando en la mejora de la calidad de
la enseñanza, garantizando el derecho constitucional de los padres a
elegir el centro educativo de sus hijos en una sociedad libre y avanzada
que respeta la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades”,
resaltó la consejera.
Podemos: «Un día negro»
El portavoz del grupo parlamentario regional de Podemos, Óscar
Urralburu, ha tachado de «día negro» para la educación pública regional
la aprobación de la Orden con el apoyo de Ciudadanos.
«Ambos partidos -afirma- han comprado tiempo. Vuelven a hacer la pinza
para que unos pocos sigan haciendo negocio y sacando beneficios con la
escuela de todos y todas. Pero que tengan claro, que esto no acaba aquí,
acaba de empezar, con la movilización de esta tarde se inaugura un ciclo
de protestas en defensa de la pública. Ciudadanos hoy ha traicionado a
toda la comunidad educativa de la escuela pública”.
Para Podemos el PP «con el apoyo de su mascota, Ciudadanos” ha hecho la
orden de conciertos “a imagen y semejanza de los intereses empresariales
del Sr. Mendoza y de ciertas empresas educativas conservadoras, como la
propia Educación y Gestión que gestiona los colegios del Opus Dei«.
«El PP -continúa- utiliza la educación para malversar fondos públicos,
contratando con empresas privadas aquello que la Administración puede
llevar a cabo con recursos propios”.
Por último, el portavoz de la formación morada no ha dudado en señalar a
Ciudadanos como culpable de esta aprobación al votar en contra de
planificar el Mapa Escolar «para conocer qué plazas tenemos y qué
demanda de alumnado existe, de limitar las etapas de concertación a las
obligatorias, sin aceptar la extensión al Bachillerato y la FP y de
acotar la duración de los conciertos, mínima de seis años en Educación
primaria, y de cuatro en el resto”.
Acusa también a Ciudadanos de haber evitado “fijar los criterios para el
establecimiento de cláusulas sociales en los baremos de adjudicación de
conciertos y garantizar que toda enseñanza básica concertada sea
gratuita. Con nuestra ley se prohibía que se cobre a los padres y madres
de los centros privados-concertados sobrecostes que no estén previamente
autorizados. Además, impiden que no se segregue al alumnado, ni por su
opción religiosa, ni por su género, ni por su orientación sexual”.
