Desde Ernest Lluch, España no ha tenido al frente del Ministerio de Sanidad a una persona tan comprometida con la universalidad de un derecho reconocido tanto por las Naciones Unidas como por nuestra Constitución como Carmen Montón. A diferencia de muchos de los y las que la antecedieron, la ministra ya traía un bagaje de gestión que había tenido resultados muy positivos en la Comunidad Valenciana y que iba a ser implantado en todo el territorio español.
Por un lado, Carmen Montón recuperó el modelo de sanidad universal en Valencia —hecho que fue recurrido por el Partido Popular ante los tribunales— y en el Estado. Las políticas de recortes salvajes implementadas por Mariano Rajoy hicieron que se retirara este derecho a las personas más desamparadas. Este error, tanto social como económico, fue reparado por Carmen Montón. Desde un punto de vista social, era una aberración que las personas sin papeles no tuvieran derecho a tener una atención médica que está reconocida por la ONU y la Constitución. Desde lo económico, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que la eliminación de la sanidad universal supone un mayor gasto para las arcas públicas. Por tanto, además de la humanidad de la recuperación de un derecho que tienen todas las personas, independientemente de que tengan su situación legal regularizada, estamos ante un ejemplo de gestión política orientada al servicio al pueblo.
Carmen Montón, además, tenía como próximos objetivos la eliminación de los copagos farmacéuticos para los pensionistas y para las personas con rentas bajas. Esta medida adoptada por el Partido Popular cuando Ana Mato ocupaba la cartera de Sanidad ha provocado que muchos ciudadanos hayan tenido que finalizar tratamientos o de no medicarse por no tener capacidad económica para hacer frente al gasto en medicinas. Los seres humanos tenemos reconocidos el derecho a la salud y ahí se incluye una medicación adecuada para tratar las enfermedades. Carmen Montón en Valencia implementó medidas para eliminar los copagos farmacéuticos, algo que, evidentemente, afecta a las compañías y laboratorios farmacéuticos porque el precio de cualquier medicina obtenida a través del Servicio Nacional de Salud es siempre inferior que comprado en el mercado libre. Hablamos de cientos de millones de euros. Por tanto, la gestión de Carmen Montón atentaba contra las cuentas de explotación de las farmacéuticas, con el poder que ostenta este sector en el mundo occidental.
Otra de las medidas que tenía intención de implementar la ex ministra era la reversión de los modelos de privatización de la sanidad pública. Ya lo hizo en Valencia al revertir el modelo Alzira porque, según Montón, se ponía fin a la «mercantilización del derecho a la atención sanitaria, que dio entrada a criterios como el beneficio económico y sobredimensionó el ahorro de costes frente a criterios clínicos o asistenciales». Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con este modelo que se pretendía vender como colaboración público-privada cuando, en realidad, se trataba de una privatización de la sanidad pública.
El Partido Popular implementó este modelo de gestión sanitaria en diferentes Comunidades Autónomas pero, sobre todo, en Madrid y Valencia, donde nació el Modelo Alzira a través de Ribera Salud, un grupo en el que están presentes bancos, constructoras y distintas aseguradoras, dependiendo del hospital a gestionar, además de contar en su alta dirección con personas muy cercanas al Partido Popular, como ocurre con Alberto de Rosa, hermano del que fue consejero de Justicia con Francisco Camps, vicepresidente y presidente en funciones del CGPJ a propuesta del PP y actualmente presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa. Carmen Montón terminó con este modelo que, además de privatizar de manera encubierta la sanidad a través de concesiones similares a las de las autopistas de peaje, da un servicio a la ciudadanía de peor calidad que los hospitales gestionados por el Servicio Nacional de Salud. Ribera Salud recurrió la decisión de la ex ministra en los tribunales y ya ha perdido en siete ocasiones.
En la Comunidad de Madrid una de las principales beneficiadas por el modelo fue Capio, empresa que contaba entre sus accionistas a José María Aznar, Francisco Camps, Alberto Núñez Feijoo, la familia de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Ignacio López del Hierro o a Teresa Echániz. Capio se fusionó con el grupo Quirón. La sociedad resultante fue adquirida por 5.700 millones de euros por el grupo alemán Fresenius Helios. Estos hospitales madrileños fueron construidos por empresas que están presentes en el caso Gürtel como, por ejemplo, la constructora Hispánica o Begar, propiedad del imputado José Luis Ulibarri. Otras grandes constructoras como Dragados o Sacyr también se han beneficiado del modelo. Sin embargo, es sorprendente la presencia de fondos de capital riesgo como CVC.
María Dolores de Cospedal también pretendió, junto a su consejero de Sanidad José Ignacio Echániz —hermano de Teresa Echániz, accionista de Capio—, llevar ese modelo a Castilla La Mancha en el hospital de Villarrobledo.
Como se puede comprobar, hay demasiados intereses en juego como para permitir que Carmen Montón se mantuviera en Sanidad y para obligarla a dimitir se ha tenido que buscar un asunto privado que en nada influía en la gestión que iba a realizar en el Ministerio. El marketing en política se encuentra en los hechos y Carmen Montón tenía el bagaje suficiente como para hacer de la salud uno de los puntos clave del programa del gobierno de Pedro Sánchez. Tal es así que las propias asociaciones de usuarios de la sanidad pública afirmaron que el nombramiento de Montón daba esperanzas de que se recuperara lo que el PP había quitado al pueblo porque en Valencia ya lo había hecho. Sin embargo, en el mundo actual, dominado por las dictaduras privadas, prima siempre más el balance final de la cuenta de resultados o el margen de beneficios que el cumplimiento de la propia Constitución.
