Como se viene denunciando en las páginas de Diario 16 Mediterráneo, los inspectores de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, han realizado un informe contundente sobre la actividad de la ex-alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y sus concejales respecto a la gestión de la aguas. El caso Pokemon, que surge a causa de los pagos presuntamente realizados por Agbar (y sus filiales) para conseguir la concesión de suministros y obras, ha llegado a Cartagena. Según se desprende del informe realizado a instancias de la juez Pilar de Lara, del juzgado de instrucción n° 1 de Lugo, se habrían modificado ciertas condiciones contractuales para beneficiar a Aquagest/Hidrogea (grupo Agbar).
Como se aprecia en la página 107 del citado informe (ver galería), los investigadores demuestran que la alcaldesa Pilar Barreiro habría firmado la modificación del contrato de suministro de agua y obras aun existiendo un informe de la Región de Murcia en contra. Sería presuntamente un delito de prevaricación. A ello se suma, como ya se ha presentado en estas páginas, que habría sido beneficiada por la empresa contratante de un viaje a Nueva York, por las mismas fechas de la modificación contractual, con todos los gastos pagados. Los investigadores advierten a la juez encargada del caso del aforamiento de la senadora del PP, por lo que no piden su imputación/investigación en el proceso.
Sí piden los investigadores de Vigilancia Aduanera, empero, la citación como investigados a los concejales cartageneros María Ángeles Espinosa (ex-concejal de Hacienda, que también fue Consejera de Sanidad de la Región de Murcia), José Vicente Albaladejo (ex-concejal de Obras), Agustín Guillén (ex-teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo), José Cabezos (ex-concejal de Hacienda). También se pide investigar al jefe del servicio de Infraestructuras, José María Padial, quién además pesa la sospecha de haber recibido presuntamente pagos por medio de una empresa familiar, como se denunció en estas mismas páginas. A estas personas habría que sumar a los responsables de la empresa Luis Rodolfo García y José Juan Giménez, que acompañaron a los imputados en diversos viajes de placer (Nueva York, Mallorca, Atenas…).
Sospechan los investigadores que los viajes fueron presuntamente un pago en especies por la modificación del contrato, que no era necesario, ni legal en los términos en que se realizaron. También solicitan abrir más la investigación y que desde la Agencia Tributaria se verifiquen las cuentas de la empresa (y sus filiales) y de los investigados por si hubiese algún tipo de pago en metálico. La actuación presuntamente fuera de la legalidad produjo un “hecho gravemente dañoso” para la ciudadanía de Cartagena, pues el aumento del coste del servicio de agua se infló mediante obras con sobrecoste.
Así dicen los investigadores, para justificar la petición de citación como investigados, que “podemos relacionar con la toma de decisiones o la elaboración de informes por parte de las personas que son invitados a los mismos (viajes)”. Un nuevo caso aislado que afecta al Partido Popular, en esta ocasión en Cartagena, y que ha supuesto un perjuicio grave para el bolsillo de la ciudadanía cartagenera. La juez De Lara tomará la decisión en breve de citar a los investigados, salvo en el caso de la senadora Barreiro que, al estar aforada, deberá esperar hasta que llegue el caso al Tribunal Supremo una vez formalizada la instrucción.
