UGT y CCOO han acordado con el PSOE dar traslado al Gobierno de la Región de Murcia los puntos fundamentales para sacar adelante la aprobación del Decreto-Ley de las ITV en la Asamblea Regional: mantener la ITV de Alcantarilla como gestión pública, hacer mención expresa e inspirarse en el documento firmado el pasado día 03/08/2017 con las organizaciones sindicales, ampliando además de 10 a 15 años el contrato para las nuevas concesiones.
Ambos sindicatos entienden entendemos que es urgente proporcionar seguridad jurídica tanto a los trabajadores del sector y como a las propias empresas, estableciendo un sistema de gestión de las ITV correcto, algo que no se da tras la derogación del anterior contrato que regulaba las anteriores concesiones de ITV, debido al fiasco del Gobierno del pasado día 4 de septiembre en la Asamblea Regional, donde Ciudadanos pudo haber cambiado el sentido de su voto y no pudo obtener los votos suficientes para aprobar su Decreto Ley. Una vez que la anterior regulación ha quedado derogada por la inacción del Gobierno de López Miras, que en su momento decidió no hacer uso de la cláusula que permite prorrogar hasta 1 año la regulación anterior, tanto CCOO como UGT exigen al Gobierno que asuma responsabilidades de manera urgente y acabe con la confusión que ha propiciado y que para nada beneficia al sector.
Los sindicatos lamentan que el Gobierno del Partido Popular no haya atendido hasta ahora la propuesta realizada durante la negociación del acuerdo firmado el pasado día 3 de agosto de 2017, donde UGT y CCOO instaban a que se mantuviese la ITV de Alcantarilla como gestión pública. Esta propuesta equilibrada, también era aceptada por los partidos de izquierdas con representación en la Asamblea Regional.
Por último, CCOO y UGT exigen también al Gobierno de la Región de Murcia que cumpla lo acordado el pasado 3 de agosto y asuma su responsabilidad, llevando a la Asamblea una nueva propuesta de Decreto Ley que recoja los puntos acordados en el día de hoy con el PSOE, e impida con su pasividad que se desregule el sector, ya que, esa desregulación solo serviría para perjudicar los derechos de los trabajadores, de las empresas y de los ciudadanos de esta región, además de provocar una conflictividad innecesaria.
