La madre coraje, Juana Rivas, en paradero desconocido desde el pasado 26 de julio, momento en el que incumplió la entrega de sus hijos menores al padre, no ha acudido hoy al juzgado para declarar sobre su situación. La consecuencia inmediata ha sido una orden de detención y presentación judicial contra Rivas, acordada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada. Mientras tanto, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, se ha declarado en rebeldía en señal de apoyo ante la puerta del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife.
El juez instructor ha dictado esta orden contra Juana Rivas, “al tratarse de una investigada por un delito de retención ilícita de menores”. Esta medida judicial se ha tomado ante el incumplimiento en la comparecencia de Rivas en el juzgado que lleva la diligencia penal de este caso. Además, el juez ha indicado en el auto que “no procede al adopción de otras medidas cautelares”. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha explicado que la pretensión con esta actuación judicial “era dar la oportunidad de declarar a Rivas sobre la situación de la retención de los menores en paradero desconocido”.
Esta mañana se dieron cita en la sede del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, en una concentración promovida por el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, numerosos miembros de distintas asociaciones en apoyo de Juana Rivas. Así mismo, varias organizaciones feministas se han movilizado ante los Juzgados de los distintos territorios del Estado en apoyo a Rivas. “Una mujer obligada por la Justicia a entregar a sus dos hijos de 3 y 10 años de edad a su exmarido, condenado en 2009 a 3 meses de prisión por un delito de violencia de género, y sobre el que llegó a pesar una orden de alejamiento”, ha leído en un manifiesto público el foro tinerfeño ante la puerta de los juzgados.
“A pesar de que al reciente modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce también a las hijas e hijos de las mujeres sometidas a violencia machista por parte de sus parejas como víctimas de dicha violencia, todavía no se ha articulado las correspondientes medidas que impidan a los hombres maltratadores seguir ostentando la tutela y la patria potestad de dichos menores”, argumentan desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, y subrayan que “estos menores han tenido que convivir viendo como sus padres maltrataban, vejaban, insultaban, humillaban y golpeaban a sus madres, a pesar de lo cual se supone, que deben estar dispuestos a tener un régimen de visitas o incluso de convivencia con dicho maltratador”.
“Veintiséis niñas y niños han sido asesinados por sus padres maltratadores mientras cumplían un régimen de visitas impuesto desde los Juzgados”, alerta en su reivindicación el foro de Tenerife, y recuerda el caso de David Oubel, que asesinó a sus dos hijas Amaia y Candela después de haber llamado a la madre de las niñas para decirle que “pensaba matarlas para vengarse de ella”. Se añade a estas tragedias, cuando José Bretón quemó vivos a su hijo José y a su hija Ruth cuando se los llevó una tarde, en cumplimiento del régimen de visitas establecido.
Otros trágicos asesinatos se suman a la larga lista enumerada por este Foro, como el caso de la hija de Ángela González Carreño, Andrea, de tan solo 7 años, fue asesinada por su padre maltratador mientras disfrutaba del régimen de visitas otorgado por un juzgado, a pesar de que la madre había presentado 51 denuncias comunicando las amenazas de muerte, las cuales fueron archivadas. “La muerte de esta menor podría considerarse la crónica de una muerte anunciada, porque a pesar de todas las numerosas denuncias, nadie tomó medidas para impedirlo”, denuncian en Tenerife.
“Ángela González Carreño, tras el asesinato de su hija, Andrea, reclamó ante los Tribunales de Justicia Españoles, pero ninguno de ellos reconoció fallos en los organismos del Estado que debían haber intervenido. Tuvo que ser Naciones Unidas, la que a través del Comité para la Eliminar la Discriminación contra las Mujeres, quien condenara en 2014 al Estado Español por el asesinato de Andrea”, explican en el foro.
Naciones Unidas, en su dictamen, conminó al Poder Legislativo, al Ejecutivo, y al Judicial, a tomar medidas concretas para evitar que un caso como el de Andrea volviera a producirse. “El Gobierno lejos de aceptar estas recomendaciones, se limitó a afirmar que las resoluciones de Naciones Unidas no son vinculantes”, hacen hincapié los colectivos.
Finalmente, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, se ha declarado en rebeldía ante la sede del Palacio de Justicia, y exigen a las instituciones del Estado que “actúen de manera contundente y eficaz ante las violencias machistas”, “mientras no lo hagan seguirán siendo cómplices de esta violencia y responsables de estas muertes”.
