El Colegio de Abogados de Lorca y con él su Decano al frente, Ángel García Aragón, reclama a la Administración de Justicia la instauración urgente de un Juzgado de lo Social en Lorca para atender las demandas del extenso Partido Judicial. Mientras tanto, los asuntos se solucionan mediante la adscripción temporal de un juez de refuerzo aparte del juez titular, con objeto de resolver de manera rápida los asuntos pendientes, “medidas insuficientes”, según expone el Colegio de Abogados en un documento al que ha tenido acceso Diario 16.
En estos momentos, los abogados se encuentran que hasta los juicios más rápidos en los Juzgados de Lorca, en ocasiones tardan meses en salir, superando incluso los plazos legales, y dicen tener constancia que algunos años se han tramitado más de 300 expedientes jurídicos de trabajadores de esta Comarca, por lo que consideran “esencial” un Juzgado de lo Social que tramite esta gran cantidad de expedientes “sin necesidad de que nadie se tuviese que desplazar hasta al capital murciana”.
A juicio de los letrados lorquinos, “supone un fuerte agravio comparativo” que, mientras que en Cartagena hay tres Juzgados de lo Social y en la de Murcia ocho, Lorca y el conjunto de la Comarca del Guadalentín, que abarca una población superior a los 175.000 habitantes, “estén huérfanos” de un juzgado que atienda los litigios que afectan a los trabajadores frente a sus empresas y viceversa, así como frente a otros Organismos Públicos como puedan ser Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutuas de AT y EP, Tesorería General de la Seguridad Social, etc.
Esta situación, agregan los abogados, “no solo afecta a los trabajadores y a las empresas”, sino que igualmente “supone un perjuicio” para los profesionales que trabajan con estos colectivos: Asesorías y Gestorías Laborales, Graduados Sociales y Abogados, que tienen que desplazarse en el caso de esta Comarca a la ciudad de Murcia, para la celebración de juicios en el ámbito laboral.
Agregan desde el Colegio de Abogados de Lorca que “la lentitud de los tribunales murcianos responde, en parte, a las elevadas tasas de litigiosidad que soportan”. Así, en los últimos años, según indica la estadística del CGPJ, la entrada de asuntos en los juzgados de la Región volvió a aumentar, siendo Murcia una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad.
Frente a esta elevada litigiosidad, los juzgados de la Región van resolviendo más asuntos de los que ingresaron. De este modo, el atasco es bastante inferior al que los tribunales murcianos sufrían, años anteriores, cuando muchos más asuntos aguardaban respuesta.
Un ejemplo puede ser el de las conciliaciones. Muchos trabajadores, para evitar que se le pasen los plazos, tienen que presentar la demanda ante el Juzgado antes de saber de si se va a poder llegar a algún acuerdo, demandas que luego son retiradas por haber llegado a un acuerdo, pero que saturan a los Juzgados de lo Social.
Como ejemplo, recuerdan que cualquier letrado que haya tenido que demandar a una empresa conoce los retrasos que generalmente hay en los Juzgados de lo Social. Dependiendo de los Juzgados este retraso puede ser mayor o menor, pero en algunos casos ya están citando para muchos meses después de haber presentado la demanda.
Retrasos y falta de medios
Los peores retrasos suelen ser en los procedimientos en reclamaciones de Seguridad Social, sanciones o reclamaciones de cantidad, con un retraso de media de unos dos años, dependiendo del Juzgado. Otros procedimientos prioritarios, como los de despido, tardan entre tres y 12 meses. Llama la atención que, a pesar de que los jueces en los últimos años han atendido menos asuntos, han dictado más sentencias. Este hecho puede ser debido a que las normas actuales animan poco a la conciliación entre trabajador y empresa.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, por lo general existen grandes deficiencias en los medios de los que disponen los juzgados, y sobre todo “por una gran falta de personal”. Obviamente, indican que “el más perjudicado de estos retrasos es siempre el justiciable”, que ha acudido a la Justicia para que se solucione su situación y ve como el procedimiento se demora meses y meses.
Pero a estos perjuicios se suma la posibilidad de que en todos los meses durante los que se demora el juicio la empresa que ya iba mal cuando no pagó los salarios o despidió objetivamente se quede sin bienes, desaparezca, o acabe en concurso de acreedores. De esta forma los trabajadores que han visto reconocidos sus derechos muchos meses más tarde ven peligrar cobrar las cantidades que les han sido reconocidas.
A estos retrasos judiciales hay que sumar los retrasos que acumula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a la hora de realizar sus pagos, ya que, aunque haya aprobado la solicitud, en ocasiones, retrasa el pago por falta de fondos. Cabe recordar que el Fogasa fue condenado a pagar intereses por estos retrasos. Sumando todos ellos puede darse el caso de que un trabajador que ha sido despedido o que la empresa no le ha pagado el salario, tarde cuatro o cinco años n recibir por fin esas cantidades.
División de jurisdicciones en los juzgados mixtos de Lorca
En Lorca, los siete Juzgados de Primera Instancia e Instrucción existentes tienen cometidos en materia civil y penal, pero a nadie se le escapa que la división de los referidos juzgados supondría una agilización en la tramitación de los asuntos, al margen de los múltiples beneficios que la especialización conlleva
