El Comité de Bioética de España (CBE) ha elaborado el documento Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica, y en el que propone promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación «en garantía de la dignidad de la mujer y del niño».
También reclama «dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad».
El informe, elaborado a iniciativa propia por este comité que asesora al Gobierno sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina, defiende también «dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero» y «sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad».
Finalmente, propugna realizar una «transición segura» que evite que queden desprotegidos los «niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles».
El Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse en breve sobre la legalización o no de la maternidad subrogada, ya que Ciudadanos prepara una proposición de ley que presentará en las Cortes.
El comité considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una «noble decisión, ello «no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas». «Todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio», sostiene la mayoría del CBE.
Otros miembros del comité aceptarían que esta práctica fuera regulada si pudiera «compaginarse» la «satisfacción» de ser padre con la «garantía de los derechos e intereses de los otros», aunque «no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual». «Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y el menor«, concluye el CBE.
