Un juzgado de Murcia ha condenado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a indemnizar a la familia de una anciana, enferma de alzhéimer, que murió tras esperar durante casi dos años una plaza en una residencia. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Murcia critica que la Comunidad Autónoma mantuviese paralizado el expediente de la mujer durante todo este tiempo, incumpliendo con ello el límite legal de seis meses para resolver, como establece la Ley de Dependencia.
Esta es la primera sentencia en la Región de Murcia sobre la vulneración de los plazos legales por parte del Gobierno regional en la concesión de una plaza residencial.
El abogado José Román Morales, que ha llevado el caso, considera que se abre ahora una vía para que otras familias puedan reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el retraso de la concesión de plazas de residencias o centros de día, entre otros servicios de la Dependencia.
“Hay mucha gente que ha superado los seis meses esperando una plaza. Habitualmente no se reclama, pero esta sentencia demuestra que es posible solicitar daños y perjuicios”, indicó el letrado a La Verdad.
En este caso, el IMAS tendrá que compensar el coste que la familia tuvo que asumir al pagar de su bolsillo una residencia privada en Cartagena. La plaza costó 1.400 euros mensuales, de manera que la Administración regional tendrá que abonar la diferencia entre esa cantidad y lo que la dependiente hubiese desembolsado de estar en una plaza pública o concertada.
Según la Ley de Dependencia, la anciana debería haber ingresado en una residencia antes del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, falleció el 7 de febrero de 2016 sin que le llegase a ser concedida la plaza.
