El juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid fue el primero que, en el mes de abril de 2018, admitió a trámite una de las muchas demandas del sector del taxi dirigidas contra cinco compañías de VTC: Cabify y Uber, que actúan como plataformas de intermediación, y Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, que son las verdaderas tenedoras de licencias.
Los demandantes eran más de mil taxistas profesionales representados por el ex juez y abogado Elpidio Silva. La demanda se fundamentaba en la acusación a estas compañías de competencia desleal. Los demandantes pedían el cese de su actividad y una compensación económica por daños y perjuicios. La admisión a trámite de esta demanda provocó que fueran interpuestas más en todo el territorio nacional que tuvieron, en gran medida el mismo camino, es decir, fueron admitidas a trámite.
Lo mismo sucedió con la querella criminal interpuesta por más de 2.000 profesionales del taxi contra diversas plataformas de vehículos de alquiler con conductor, entre ellas Uber y Cabify, por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales, pasando por la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores, que ha sido admitida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid.
Este primer éxito profesional de los abogados del taxi, no obstante, se ha visto oscurecido por una guerra fratricida desatada en el sector para la gestión de unos posibles beneficios que no se esperaba que llegarían tan rápido.
Nada más saberse que la querella fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional, uno de los líderes que encabezó la huelga del pasado mes de febrero abandonó una de las asociaciones profesionales, bajo acusaciones de presunto fraude, para embarcarse en lo que él mismo calificó como un «proyecto personal». Lo cierto es que semanas después, el antiguo líder del taxi publicó una serie de tuits en los que cuestionaba, a veces entre líneas o de forma expresa, la labor de sus abogados y procuradores, poniendo en entredicho sus honorarios, y terminando por reconocer que ya se había puesto en contacto con otros profesionales.
Este comportamiento ha causado desazón entre los profesionales del taxi. El propio Elpidio Silva se ha visto obligado a salir a la palestra en varias ocasiones, utilizando también las redes sociales para lanzar esta vez mensajes de calma al sector. Según fuentes consultadas por Diario16, la crisis que estas tensiones pueden provocar en la buena marcha de los procedimientos en los juzgados no tiene precedentes en los y pueden resultar de muy difícil solución.
