El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Miguel Sánchez, ha lamentado profundamente «que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la corrupción política y no haya optado por el camino de la regeneración por la que clama la sociedad murciana y muchos de sus militantes».
Sánchez ha respondido así a las declaraciones de la secretaria general de los populares, Maruja Pelegrín, descartando tomar decisión alguna sobre el expresidente Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan ya dos autos de procesamiento por media docena de delitos relacionados con los casos Auditorio y Púnica.
«El PP murciano –añade Sánchez- sigue enrocado y empeñado en mantener como su presidente y como diputado regional a Pedro Antonio Sánchez, pasando por encima de sus propios estatutos, sus compromisos y la palabra dada a todos los murcianos».
El portavoz de la formación naranja considera que los argumentos esgrimidos por los populares para tratar de justificar este nuevo retraso de la “línea roja” que marcaría la apertura de expediente y la posible expulsión del expresidente «son extremadamente endebles y van en contra incluso de las afirmaciones que durante meses han realizado tanto el propio Pedro Antonio Sánchez como representantes nacionales de su partido, como el propio ministro de Justicia. El PP regional está empeñado en que los murcianos pasemos por la vergüenza de pagarle un sueldo a una persona que va a pasar de sentarse en el escaño a sentarse en el banquillo».
A juicio del diputados de Ciudadanos, «por mucho que traten de disfrazar los cargos imputados a Sánchez como irregularidades administrativas, lo cierto es que se trata de corrupción política, y no lo dice cualquiera, sino el propio Consejo General del Poder Judicial».
El portavoz naranja añade que «esta estrategia del PP regional no es nueva, ya tuvimos un ejemplo claro cuando mantuvo en el cargo al entonces alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, pese a estar condenado por compra de votos».
Considera que «a pesar del clamor de sus propios vecinos, el PP mantuvo en el cargo a Carrillo, y solo la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su condena de cinco años de inhabilitación lo forzó a dejar el cargo y el sueldo público. Es decir, hasta que -según la doctrina que ya anuncia la secretaria general del PP- exista lo que consideran una condena firme, lo que podría resultar en que los murcianos sufriríamos la vergüenza de tener que pagarle durante años el sueldo a un diputado regional condenado por prevaricación, cohecho o fraude».
