La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha mostrado su satisfacción porque el Defensor del Pueblo haya dado la razón a su formación política respecto a la negativa del Consorcio de Compensación de Seguros a facilitar a los damnificados por los terremotos de 2011, la información de las indemnizaciones que percibieron de este organismo.
Martín ha explicado que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia que formuló el pasado 10 de noviembre y que éste ha remitido una comunicación al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la que le recuerda, como sostenía la edil, que es “una entidad de Derecho público, integrada en el sector público y, en consecuencia, comprendida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Esta afirmación deja en evidencia la excusa utilizada por el CCS para rechazar las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. Y es que el Consorcio basaba su desestimación en que no está sometido al régimen de publicidad dispuesto en dicha norma.
Para el Defensor del Pueblo resulta “difícil de entender” que el CCS niegue a los preceptores de las indemnizaciones el acceso a sus expedientes y la obtención de copia de los documentos contenidos en los procedimientos que les afectan. En ese sentido, recuerda al CSS que está sujeto al “mandato constitucional” de servir con objetividad los intereses generales y que está obligado, cuando menos, a facilitar a los afectados el ejercicio de sus derechos.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de la que dará cuenta a Martín, como representante de los damnificados. La edil ha mostrado su satisfacción porque el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, otorgue la razón a los vecinos afectados y se ha mostrado convencida de que es “un paso más” hacia la resolución definitiva del conflicto por la devolución de las ayudas de los seísmos de 2011, que afecta a unas 800 familias en Lorca.
La edil de IU-Verdes denunció nuevamente la falta de sensibilidad y compromiso del equipo de Gobierno municipal del PP del que dijo que “en vez de defender los derechos de sus vecinos y votantes, está aliado con los intereses del Gobierno regional de su partido, movido únicamente por un afán recaudatorio”. Al respecto, Martín recordó que el pasado mes de abril, el Consejo de Ministros tuvo que prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el préstamo de 115 millones de euros suscrito por la CARM con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en mayo de 2012, para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos. El pazo de dicho préstamo vencía el 3 de mayo de 2017. Curiosamente, pocos días después los beneficiarios de las ayudas empezaron a recibir las cartas para que las devolvieran.
“Durante seis años, el PP no se ha preocupado por llevar a cabo el procedimiento de justificación de subvenciones y ahora, con el derecho al reintegro ya prescrito, se dedican a volver locos a los vecinos”, denunció Martín. La concejala de IU-Verdes expuso varios ejemplos de cartas enviadas a los damnificados en las que se rechazan facturas y justificantes de pago válidos, obligándoles a devolver las ayudas íntegras. “Las cartas reconocen que hay informes técnicos que demuestran la realización de las obras, que los afectados presentan justificantes válidos de gasto por valor superior a las subvenciones concedidas, y, sin embargo, que tienen que devolverlo todo”.
Martín exigió, por enésima vez, al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que exija la materialización de los acuerdos adoptados por el Pleno municipal para dar una “solución política” a esta cuestión y que los afectados “puedan recuperar la tranquilidad y la normalidad en sus vidas”. “Llevamos más de seis meses pidiéndoselo y no ha movido un esparto”, se lamentó la edil de IU-Verdes.
