El próximo lunes 14 de agosto agentes de la Guardia Civil sustituirán a los trabajadores de la seguridad del Aeropuerto de El Prat, trabajadores que están ejerciendo el derecho constitucional a la huelga. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento Íñigo de la Serna tras finalizar la reunión del comité de crisis mantenida en Barcelona. Lo primero que resulta chocante es que se organice un comité de crisis por un conflicto laboral. No se han producido incidentes, no ha habido violencia. La única violencia ha sido ejercida por las autoridades al querer unos servicios mínimos del 90%.
Para justificar este atentado contra el ejercicio del derecho de huelga el Gobierno ha echado mano del único argumento que puede causar un efecto positivo en la opinión pública: la amenaza terrorista. En relación con la decisión de utilizar a la Guardia Civil para cubrir los trabajos de los trabajadores en huelga el sindicato CCOO ha denunciado la decisión del Gobierno de enviar la Guardia Civil a realizar tareas de seguridad en el aeropuerto del Prat, junto con unos servicios mínimos abusivos, de un 90%, y el planteamiento de un arbitraje obligatorio, que atentan gravemente contra el derecho de huelga del personal de seguridad del aeropuerto de Barcelona.
En un comunicado, el sindicato afirma que “es indefendible que se tomen medidas de carácter excepcional por tratarse de una cuestión tan relevante en un sector tan importante como el del transporte en plena temporada turística, después de externalizar servicios en condiciones laborales de precariedad y bajos salarios”. Además, CCOO considera que no es creíble que ahora se aluda al estado de alerta terrorista cuando la política de privatización del servicio de seguridad ha sido la de adjudicar el servicio en condiciones económicas que recortan salarios, condiciones laborales y plantilla, perjudicando a los trabajadores y las trabajadoras y al servicio que se presta a la ciudadanía.
Esta reacción del Ejecutivo del Partido Popular es prácticamente calcada a la que tuvo el Gobierno de Carlos Arias Navarro en enero de 1976 en la huelga de los conductores del Metro de Madrid. En esta ocasión fueron los soldados del regimiento ferroviario quienes, escoltados por la Guardia Civil, sustituyeron a los trabajadores en huelga. En aquellos años, cuando todavía España no era una democracia y la huelga era delito, podía llegarse a entender un comportamiento así por parte del Gobierno. Ahora no. La militarización era algo habitual en el franquismo. Al parecer, con Rajoy es un método de presión para que los trabajadores renuncien a sus derechos que vuelve a ser actual.
Sin embargo, en esta democracia simulada que hay en España cuando gobierna el Partido Popular, sobre todo cuando se habla del respeto a los derechos constitucionales, no es la primera vez que ocurre esto, que el Gobierno de Mariano Rajoy atenta contra el derecho de huelga. Cada vez que hay un conflicto laboral que tambalea los débiles cimientos de la incompleta democracia española y se puede demostrar que la huelga es la mejor arma para conseguir las justas reivindicaciones laborales de la clase trabajadora, Rajoy utiliza los recursos de la Administración como arma contra los huelguistas. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha enviado a la empresa pública Tragsa para recoger basuras por huelgas prolongadas de los trabajadores de las subcontratas de los Ayuntamientos. En una de estas huelgas, la de Madrid, el presidente del Gobierno llegó a afirmar que había que “modular el derecho a la huelga”.
La traducción al castellano de esta expresión de Rajoy es sencilla y tiene una única intención: terminar con las huelgas antes de convocarse. Para ello se ponen, por un lado, servicios mínimos como los que se ponen y que van totalmente en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional por la que los servicios mínimos no pueden obligar a que la actividad afectada por la huelga se desarrolle con normalidad. Sólo deben garantizar “la mínima cobertura de los derechos, libertades o bienes que el servicio satisface sin alcanzar el nivel habitual”. Por otro lado, si la huelga puede tener éxito, Rajoy puede militarizar los servicios en cualquier momento, tal y como hacían Carrero Blanco o Arias Navarro. Finalmente, por si todo eso falla, ya se han encargado de endurecer el Código Penal para enjuiciar a los representantes de los trabajadores.
Sin embargo, la situación que se ha generado en El Prat con los trabajadores de Eulen sólo tiene un culpable: Mariano Rajoy y, por extensión, su Gobierno. Las medidas adoptadas en materia laboral y las reformas necesarias para cumplir el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea han generado un escenario en el que las empresas pueden optar a ganar un concurso público con ofertas que no cubren los mínimos exigentes de calidad en dicho servicio ni respetan los derechos laborales de los trabajadores. Que los órganos de contratación del Estado y el resto de las Administraciones Públicas puedan adjudicar con el único argumento del coste económico provoca que, en muchos casos, se presenten ofertas por debajo del 20% del valor de la licitación. Las empresas que hacen este tipo de propuestas logran esos descuentos a través de reducir salarios y horas de trabajo de sus empleados y, por tanto, de sus derechos. Evidentemente, no rebajan su margen de beneficios. Antes de que se impusieran las reformas de Rajoy, los contratos licitados se adjudicaban a través de una ponderación donde, en muchos casos, la oferta económica sólo suponía un porcentaje por debajo del 50% de la valoración final. De este modo se evitaban las bajadas temerarias y, sobre todo, unos niveles cualitativos adecuados. La llegada del PP y su yihadismo austericida dio pie a que empresas francotiradoras, multiservicios y ajenas a los sectores en que se licitaba la actividad afronten los concursos con la garantía de que no se va a tener en cuenta los problemas cualitativos ni los atentados contra los derechos de los trabajadores. Antes de la llegada de Rajoy al poder cuando había un cambio de empresa adjudicataria era norma general la subrogación contractual de los trabajadores que ya estaban desarrollando el servicio en concreto para aprovechar la experiencia y no incurrir en costes de selección y formación. Ahora la subrogación es un hecho que está en los libros de historia.
La crisis se ha convertido en un real torcedor para acabar con los derechos de los trabajadores y uno de ellos es el de huelga.
