Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal nigeriana dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y al favorecimiento de la inmigración ilegal. Hace un año que se inició la investigación gracias a dos denuncias anónimas recibidas en el teléfono de lucha contra la trata, 900 105 090. En dichas llamadas dos ciudadanos manifestaron que varias menores de edad estaban ejerciendo la prostitución en el polígono de Guadalhorce en Málaga. El operativo final ha sido desplegado en Málaga, Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada y Leganés. En la operación han sido detenidas 18 personas y 15 mujeres víctimas de explotación sexual, cinco menores de edad, han sido liberadas.
La red contaba con una fuerte infraestructura en Europa. Las mujeres eran trasladadas a Italia, Alemania o Austria como países tránsito. En Nigeria captaban a las mujeres y las trasladaban hasta su destino final en España para ser explotadas sexualmente.
La brujería como ejercicio de control
La trama captaba a sus víctimas entre potenciales inmigrantes de los estratos socioeconómicos más bajos en Nigeria. Antes de emprender el viaje, y con el fin de doblegar por completo la voluntad, las mujeres eran sometidas a rituales de magia negra vudú o yuyu, prácticas de brujería en las que se sacrifican animales y que se realizan a modo de pacto entre la organización y la víctima.
El tratante se comprometía a organizar el viaje y financiar los gastos derivados del mismo y las mujeres prometían obediencia bajo la amenaza de su muerte o la de sus familiares, así como pagar la deuda y no acudir a la policía para delatar a los tratantes.
La organización trasladaba a las mujeres desde Nigeria utilizando distintas vías, sobre todo la aérea, haciendo escala en otros países europeos como Italia, Alemania o Austria. Utilizaban documentación falsa o indebidamente expedida y en algún caso perteneciente a una tercera persona que residía legalmente en algún país de la Unión Europea a la que usurpaban la identidad.
Durante el viaje eran acompañadas por integrantes de la red que las aleccionaban sobre cómo debían actuar a su llegada a los puestos fronterizos para conseguir entrar en el país.
Ya en España, las víctimas eran informadas del total de la deuda contraída y sometidas al ejercicio coactivo de la prostitución hasta saldarla por completo, siendo obligadas a ejercerla durante interminables jornadas de trabajo en la vía pública.
Absoluta dependencia que les impedía denunciar
Cuando llegaban a España las víctimas se encontraban en una situación de absoluta dependencia de la organización al carecer de cualquier documentación válida, desconocer el idioma, la cultura y la legislación. A esto se unía el miedo a represalias por parte de los explotadores y a ser expulsadas a su país de origen. Todo junto provocaba un miedo irracional que les impedía denunciar su situación a las autoridades, continuando así en el ejercicio de la prostitución como única forma de ganarse la vida.
Organización criminal
La Policía Nacional constató que la red era una organización criminal perfectamente estructurada con un reparto de papeles claramente definido. Unos se dedicaban a la captación y reclutamiento de las mujeres en Nigeria. Otros se hacían cargo de las víctimas en los países intermedios.
Las víctimas eran vigiladas por la persona encargada de ejercer el control directo sobre las mujeres durante su explotación, trabajando para el explotador a sueldo o mediante comisión a cuenta de las ganancias obtenidas por los servicios sexuales. Un controlador.
