El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, han acordado actualizar los Planes Municipales de Vivienda y Suelo de la provincia de Granada. Para ello, han firmado un convenio que prevé para la redacción y desarrollo de los planes municipales de vivienda, considerados fundamentales para la planificación territorial.
La redacción de estos planes tiene una alta demanda por parte de los ayuntamientos de la provincia, según ha explicado el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena. En concreto, 114 ayuntamientos y una Entidad Local Autónoma se han dirigido a la Diputación para solicitar el desarrollo de este plan, que analiza los recursos existentes en cada municipio, las necesidades de suelo de cara al futuro y la demanda y tipología de vivienda que requieren los vecinos.
Se trata de una colaboración económica importante. La inversión en estos trabajos técnicos ronda los 450.000 euros, que cofinancian Diputación, con 250.000 y Junta de Andalucía, con 160.000 euros. “Es fundamental para tener claras las necesidades de vivienda de la provincia y cálculo económico financiero necesario para darle respuesta a las necesidades de la provincia”, ha afirmado el presidente de la Diputación.
El convenio, firmado en la sede de la institución provincial, prevé que la Diputación desarrolle su papel en materia de asistencia, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos, incluida la coordinación de los recursos humanos y materiales y la formación de los técnicos de los municipios que lo soliciten, a través de jornadas y cursos prácticos.
Por su parte, la Consejería estudiará los planes municipales antes de su aprobación para garantizar que se adecuan a la normativa (Ley de 8 de marzo reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía), informará sobre las actuaciones de la Consejería en materia de vivienda en relación a proyectos e informes sectoriales, y realizará también labores de formación.
El consejero de Fomento y Vivienda ha señalado que se trata de realizar un análisis sociodemográfico por parte de cada ayuntamiento, saber cuáles son los grupos de riesgo, determinar con qué recursos se cuenta, analizar el estado del parque público de vivienda y cuál es el plan económico financiero.