El anterior dueño de la empresa Zinkia, lleva años reivindicando la presunta ilegalidad de la operación que le apartó del control de la sociedad que creció en torno a su mayor activo: el dibujo animado Pocoyó. Dentro de las múltiples denuncias que ha realizado se encuentra el comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según José María Castillejo se produjo la intervención de funcionarios del supervisor del mercado español en el «asalto» a la empresa por parte del mexicano Miguel Valladares.
En primer lugar, el anterior dueño de Zinkia, afirma que estos funcionarios le impusieron una sanción muy grave por algo que él no había hecho sin aportar ningún tipo de prueba que sustentara su actuación, aunque decían tenerlas, pero nunca las aportaron al expediente.
Zinkia cotizaba en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), que está sometido a la supervisión y control por parte de la CNMV, pero está gestionado por BYM (Bolsas y Mercados). En el expediente sancionador constaba cómo el procedimiento de Supervisión del MAB concluyó que: «no se estima acreditado que la operativa seguida por GPM pueda haber sido constitutiva de abuso de mercado”.
La sanción fue ampliamente difundida en medios de comunicación para que fuera del conocimiento del público y, de esta manera, según Castillejo, lograr intoxicar la opinión de los inversores.
En segundo término, la CNMV puso todas las trabas que pudo para impedir que Zinkia acudiera al mercado para refinanciar sus emisiones de obligaciones. De este modo forzaron a la compañía a solicitar el concurso de acreedores y debilitaron al máximo la capacidad de defensa de Zinkia y del mismo Castillejo
Según el antiguo dueño de la compañía, uno de los accionistas minoritarios estaba poniendo en marcha un ataque frontal con el fin de hacerse con la mayoría de la compañía. En ese ataque valía todo: noticias falsas, denuncias falsas, campañas de prensa para intoxicar y… también el presunto apoyo de los funcionarios de la CNMV ya que, según Castillejo, éstos hicieron todo lo posible para evitar que la Emisión saliera al Mercado. Para ello pusieron a la compañía todo tipo de trabas administrativas. La compañía sorteó las dificultades impuestas y, cumpliendo la legalidad vigente, obligó a la Comisión a autorizar la Emisión.
Una vez se vieron forzados a autorizar la Emisión de Obligaciones, para lograr abortar la misma y que ningún inversor mostrara interés por ella, obligaron a Zinkia a colocar una “Nota de Advertencia de la CNMV” en la carátula de la Emisión. Esto lo hicieron en dos ocasiones: una primera emisión dirigida a inversores institucionales —que lograron abortar— y, posteriormente en una segunda emisión, dirigida a inversores particulares —que, por supuesto, también lograron anular.
En tercer lugar, Castillejo acusa, además, a esos funcionarios de la CNMV de negarse a actuar cuando se les presentó una denuncia que acreditaba la documentación falsa con la que los accionistas minoritarios se habían hecho con el control de los órganos de gestión de Zinkia. Todo ello ocurrió en una Junta General de Accionistas que fue anulada por una sentencia judicial.
En la Junta General de Zinkia de junio de 2016, el socio minoritario Miguel Valladares logró hacerse con el control de la compañía, nombró un nuevo Consejo de Administración y se hizo nombrar presidente de la misma. Según José María Castillejo, lo logró haciendo uso de documentación fraudulenta y de documentación con contenido falso.
La CNMV se negó a llevar a cabo investigación alguna. Para notificar su negativa a investigar obviaron los canales oficiales y lo comunicaron por vía telefónica —algo completamente irregular—. Estas conversaciones fueron grabadas por Castillejo.
Dos años después una sentencia dejó claro que todo aquello que había sido denunciado, era cierto y estaba probado. Castillejo volvió a presentar denuncia ante la CNMV sobre los mismos hechos y nuevamente la CNMV se negó a llevar a cabo actuación alguna sobre los hechos denunciados. Tan sólo dijeron haber investigado una parte de ellos: la relacionada con el Banco que entregó al accionista minoritario las acciones del accionista mayoritario.
El Banco lo hizo sobre la base de una supuesta adjudicación judicial que Castillejo afirma que no era firme. Por tanto, no se podía hacer uso de la misma. En esa Adjudicación Judicial se entregaban al accionista minoritario unas acciones diferentes a las acciones que estaban en la cuenta del accionista mayoritario. El Banco fue debidamente advertido de todo ello e hizo caso omiso, sacó las acciones de la cuenta del mayoritario y se las entregó al minoritario.
La CNMV alegó en defensa de la actuación del Banco que éste había actuado con la «diligencia debida» y que «el mencionado traspaso se realizó correctamente por haber sido requerido judicialmente para ello». Castillejo afirma que todo esto es falso ya que una sentencia de ámbito mercantil confirmó la falsedad de las afirmaciones dos años después.
