Esta es la semana negra del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de ser reprobado por el Congreso. Durante unas horas se produjo un agujero en la seguridad del sistema LexNet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial, y los datos secretos de los ciudadanos navegaban en la matrix expuestos al acceso de los 150.000 abogados y procuradores que utilizan esta plataforma de información en España. FACUA-Consumidores en Acción considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán imposibles de conocer, que “además podría ser motivo de dimisión del ministro en otros países, pero el Gobierno de España intenta maquillar la magnitud de este fallo de seguridad”, ha denunciado esta asociación.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado que “investigará sí la posible quiebra de seguridad de Lexnet ha supuesto una violación de la normativa de protección de datos de carácter personal”. La Comisión Permanente del CGPJ en sesión extraordinaria ha acordado abrir diligencias informativas al tener potestad en su condición de autoridad para esclarecer lo sucedido con el sistema Lexnet, así como ha pedido colaboración al Ministerio de Justicia.
“Debido al fallo elemental de programación destapado este jueves, con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia”, explica FACUA, que tacha de escándalo de enormes dimensiones el hecho de que “los usuarios de LexNet hayan podido acceder a todo tipo de datos de terceros: nombres y apellidos, DNI, domicilios, teléfonos, datos fiscales, números de cuentas bancarias, procedimientos judiciales iniciados, multas, condenas en vía civil, antecedentes penales, imputaciones, informaciones aportadas por Policía y Guardia Civil, datos de mujeres maltratadas, despidos laborales…”.
La asociación FACUA estima que “se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos” y también alerta que “resulta una incógnita si existen más fallos de seguridad en LexNet, ya que Justicia se niega a facilitar su código fuente, como también mantiene en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades que cobraron”.
Desde su implantación obligatoria en 2016, sostiene FACUA, que numerosos profesionales del Derecho han criticado una larga lista de errores técnicos y de diseño en LexNet, “un sistema lento y obsoleto impuesto sin proveer a los juzgados de medios técnicos y humanos necesarios para su correcta aplicación, que está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administración de Justicia”. FACUA se ha sumado a estas denuncias, y señala asimismo que “resulta muy grave e inquietante que la plataforma esté en manos del Ministerio de Justicia y no del Consejo General del Poder Judicial, algo que vulnera la separación de poderes”.
El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, dio a conocer en Facebook en la jornada del jueves el agujero de seguridad “ante la falta de respuesta a su queja por parte del Ministerio”. Desde Justicia, la acción que se realizó consistió en paralizar durante varias horas el acceso a la plataforma para modificar su código fuente, pero “no ha aclarado desde cuándo existía el problema, cuya gravedad ha minimizado con argumentos que vienen refutando públicamente numerosos abogados”, subrayan desde FACUA.
La abogada y directora de Opinión de Diario 16, Beatriz Talegón, ha destacado en un artículo en El Plural, “la inversión de 7 millones de euros de dinero público en Lexnet, un sistema que da muchos quebraderos de cabeza, y poco frecuentado por algunos abogados”. Talegón ha señalado que este fallo de Lexnet podría conllevar la violación de derechos fundamentales sobre la protección de datos, así como el derecho de defensa si la parte contraria en un juicio accede a los datos protegidos. Y un apunte fundamental de Talegón sobre el acceso a la descarga de documentos sí alguien aprovechó la inseguridad de Lexnet señalando directamente a la trama Gürtel y Púnica…
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner ha declarado a Diario 16 que “tuve conocimiento del fallo del sistema de Lexnet a través de José Muelas, aunque también supimos que el Ministerio de Justicia”. El decano alega que “nadie me ha comentado ninguna incidencia personal, pero tampoco tenemos elementos de juicio para saber el alcance y las consecuencias, y no hemos tenido constancia o indicios de problemas en Tenerife”.
Además, Niederleytner ha señalado la postura mayoritaria de los profesionales de la justicia en mantener la Ciudad de la Justicia en su actual ubicación para solucionar la polémica del cambio a las afueras de la capital de Tenerife, y analiza la noticia de la anulación del Plan de Ordenación General de Santa Cruz (PGO) por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como “es como volver a empezar de cero”. El PGO de la capital tinerfeña lleva años sin aprobarse, sin ejecutarse, constituyendo el Plan de Ordenación más lento o atrasado en España.
El abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna, Ángel Isidro Guimerá, define como “un escándalo la avería de Lexnet”, y denuncia que “las quejas sobre este sistema telemático vienen de muchos profesionales desde hace tiempo, con solicitudes para cambiar este sistema”. Guimerá apunta a los responsables que puedan tomar medidas que podían evitar lo que ha sucedido con Lexnet, y sin embargo no lo hicieron.
“Estos hechos son de una importante gravedad porque cualquiera puede aprovechar el accidente de este sistema para acceder a información protegida de los ciudadanos” ha denunciado este letrado que recuerda la reprobación del Ministro Rafael Catalá en el Congreso, y aunque no le pediría la dimisión solamente por el caso de Lexnet, “si solicitaría al ministro que abandonara la cartera de Justicia por un conjunto de acciones de irresponsabilidad en su cargo”, ha manifestado a Diario 16.
El abogado tinerfeño Leopoldo Cologan sostiene que “los procuradores son realmente más afectados que los abogados por cualquier fallo que se produzca en el sistema Lexnet, ya que es una herramienta vital para ellos, pues lidian directamente con este sistema al ejercitar la representación de personas físicas y jurídicas en los juzgados, son los que soportan la carga de este sistema al ser los que reciben las notificaciones”, y argumenta que “con el sistema Lexnet desde el principio ha habido una mezcla entre desconocimiento e inseguridad, a la vez que la tecnología tiene que adaptarse a las necesidades judiciales y viceversa”.
Cologan no pediría la dimisión del Ministro de Justicia por un fallo de tecnología de este sistema de comunicación, pero si expone que “es necesario poner los medios adecuados para dar seguridad y garantías, y delimitar en concreto qué acciones han podido producirse contra la protección de datos, o averiguar si hay indicios de vulneraciones específicas contra los ciudadanos por este fallo del sistema y analizar caso por caso”, ha matizado a Diario 16.
