España fue vanguardia en legislación social en la primera década del siglo XXI. Avanzamos en materias con leyes como, por ejemplo, la del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas parejas, las leyes de reproducción asistida, la ley de interrupción del embarazo que posteriormente fue modificada por el Partido Popular con una interpretación ultracatólica de la misma e, incluso, con la ley integral contra la violencia machista. Sin embargo, en materia de defensa de los derechos de la mujer aún estamos muy alejados de la realidad de otros países como Suecia, Francia, Noruega, Islandia, Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur, Singapur o Singapur, donde pagar por obtener servicios sexuales es un delito penal.
En España, sin embargo, no es así. En nuestro país la prostitución es alegal, a pesar de que el proxenitismo sí que es un delito. Están teniendo que ser las instituciones locales las que estén legislando para abolir la esclavitud sexual que supone la prostitución.
Este vacío legal está provocando que los consumidores de los servicios de las prostitutas de los países que han legislado en favor de los derechos de las mujeres estén viajando a España para seguir contratando los servicios sexuales que no pueden comprar en sus países. Esta es una de las razones por las que España se está convirtiendo en el país líder mundial en prostitución.
Según un estudio realizado por Naciones Unidos, casi un 40% de los hombres españoles reconocen que han contratado los servicios de una prostituta y un 28% de las mujeres afirmaron que se han visto obligadas a prostituirse al menos una vez en su vida. Este porcentaje supera con mucho los datos de países como Reino Unido o Países Bajos en que los hombres que contrataron servicios sexuales apenas superan el 10%.
Se calcula que en España trabajan casi 300.000 prostitutas de nacionalidad española, sin contar con las extranjeras «legales» o las que trabajan para las redes internacionales de trata que operan en nuestro país.
La aceptación social de la prostitución que existe en España es una de las causas principales de estas cifras. Por otro lado, el hecho de que nuestra legislación sea tan permisiva está provocando que los consumidores de los países con leyes que respetan los derechos de la mujer está generando que España se haya convertido en uno de los destinos de preferencia del turismo sexual en Europa, no en vano tenemos en nuestro país el prostíbulo más grande del continente, el Club Paradis donde, al menos, trabajan 180 prostitutas, y en momentos de alta demanda pueden llegar a superar las 250 mujeres.
Ha llegado el momento de que Mariano Rajoy y su gobierno, con la presión por parte de los partidos de la oposición, sobre todo de los que tienen en su ADN el respeto a los derechos de la mujer, cambien la legislación sobre la prostitución en nuestro país y tomen el ejemplo de los países nórdicos y de nuestro vecino francés y se comience a penalizar a quienes pagan por obtener servicios sexuales.
