España no consigue controlar su inmenso fraude fiscal, un porcentaje del PIB que de ingresar en las arcas públicas cada año resolvería problemas tan graves como la financiación de la Sanidad, la Educación o el sostenimiento de las pensiones. El coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Ángel Mayo, denunció hace unos días que en nuestro país se defraudan anualmente 60.000 millones de euros. Y otro dato no menos revelador: el fraude fiscal en Cataluña asciende a más de 14.000 millones, un hecho que rompe con el mito del España ens roba, con el que los independentistas promovieron el ‘procés’ soberanista durante años.
Hoy se sabe que el fraude fiscal en España es el equivalente a un 20% de su Producto Interior Bruto (PIB), una cifra astronómica, gigantesca, que revela cómo la corrupción y la evasión de capitales al extranjero están esquilmando la riqueza del país.
Mayo hizo estas valoraciones durante unas jornadas organizadas por la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) en Barcelona. En ese foro, al que acuden expertos de primer nivel, el portavoz de Gestha aseguró que con el actual sistema fiscal “uno de cada cinco euros” escapa el control de Hacienda. ¿Y a quién beneficia esta falta de control, esta desidia en la persecución de una de las mayores lacras para la economía española? Sin duda al gran capital, a las élites financieras, a la banca. Las medidas para favorecer la transparencia que los gobiernos del PP y del PSOE han adoptado en los últimos años no parecen haber dado resultado y el dinero sigue escapando a chorros al control del fisco.
Varias razones explicarían ese abultado volumen de dinero negro que fluye al margen de Hacienda. En primer lugar, hay una causa cultural y educacional y es que en los países mediterráneos se defrauda más por costumbre y tradición, ya que el individualismo y la picaresca que se remonta a los tiempos de los fenicios forman parte de la idiosincrasia de sus ciudadanos. Por el contrario, en países como Finlandia, Suecia o Dinamarca el fraude es mucho menor, puesto que la filosofía del trabajo, el esfuerzo y el bien común está mucho más arraigada en la sociedad.
Pero sin duda el mayor problema hay que buscarlo en los graves fallos de nuestro sistema tributario y de inspección. La ley fiscal persigue a las rentas más bajas, mientras que es más tolerante con los patrimonios más elevados. A todo ello se une un cuerpo de inspectores desmotivado, mal pagado e insuficiente (no solo en medios humanos sino también materiales) que no da abasto para investigar todos los casos.
Mayo considera que la fiscalidad española está “a la cola” de Europa porque las rentas medias −20.000 euros− están muy por debajo de los valores europeos −40.000 euros−, lo que obliga al Estado a “sobrecargar” de impuestos a las rentas bajas y medias. Para mejorar el actual sistema fiscal español, que Mayo ha calificado “de risa”, ha propuesto una mayor inversión en pedagogía, para motivar a la ciudadanía a pagar impuestos, y la creación de nuevas políticas laborales, para acabar con la precariedad y aumentar el número de contribuyentes con rentas más elevadas, informa la Agencia Efe.
“El gran problema es el número de contribuyentes del que desconocemos su cantidad total de ingresos, estos son expertos en deslocalizar su dinero y pueden permitirse grandes asesores fiscales”, añade. La administración española y también la catalana han recibido duras críticas ya que, según Mayo, pierden mucho tiempo “echándose la culpa” entre ellas en lugar de trabajar de forma conjunta para hacer frente al fraude fiscal. El coordinador sindical ha cargado contra el resto de países, en especial contra los denominados “paraísos fiscales”, porque considera que muchos gobiernos “compiten por atraer a las grandes fortunas”, con sistemas llenos de mecanismos de elusión y fraude fiscal.
A nivel español, la profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona, Cristina de Gispert, ha hecho especial hincapié en las políticas populistas de los partidos españoles y en el uso que hacen estos de las subidas y bajadas de impuestos en sus campañas. “No es creíble decir que bajando los impuestos va a aumentar el gasto social, hablar de impuestos sin mencionar el gasto público no tiene sentido”, asegura.
Según la profesora Gispert, los impuestos de imposición directa (IRPF) y los impuestos de imposición indirecta (IVA) deberían nivelarse, ya que en España se sigue el modelo europeo, en el que se le da más peso a la imposición indirecta, y las diferencias sociales y la exclusión social se agravan por el bajo nivel de renta media.
En lo que respecta a otros tipos de impuestos, Gispert destaca el papel de los impuestos medioambientales, que tienen un gran valor social para concienciar a la ciudadanía sobre energía renovable, entre otros. Gispert alega que en el caso del agua, está protegida dentro del nivel de consumo básico y necesario, ya que el acceso a ella está considerado un derecho fundamental. “A partir de esta franja, cuánto más se consume, por encima de lo que consideramos necesario, más se paga”, puntualiza.
Por su parte, el presidente de EAPN en España y Europa, Carlos Susías, recuerda en su intervención la importancia de la política fiscal como “herramienta contra la pobreza y la desigualdad”. Susías califica de “pensamiento mágico” hablar constantemente de gasto social sin tener en cuenta la necesidad por parte del Estado de recabar fondos, que se obtienen principalmente a través del pago de impuestos. “Tener un buen batallón de inspectores de Hacienda y Trabajo, aunque no le guste a la gente, también es política social”, afirma.
